Desde que el ser humano se hizo sedentario y se estableció definitivamente junto a las fuentes de agua, fueron surgiendo los caminos para estructurar y unir lo que serían los centros urbanos. En las ciudades, los grupos sociales duermen en un lugar, estudian o trabajan en otro, compran y venden mercancías en sitios diferentes, así como se divierten alejados de esos emplazamientos. Es así como cada ciudadano y cada producto tienen que ser transportados para satisfacer las necesidades de toda la población. De ahí su importancia. Sólo el uso de la energía eléctrica podría compararse con la ascendencia del transporte sobre el funcionamiento de la economía y de la sociedad.

[b]FALTA DE CONTINUIDAD[/b]

El problema principal del transporte de pasajeros y de cargas en República Dominicana es que las autoridades gubernamentales no han podido, o no han querido, asumir el papel que les corresponde como ente regulador. No ha habido en los años recientes una planificación para garantizar este servicio a precios módicos y con respeto a la dignidad humana. La falta de continuidad en las políticas gubernamentales ha contribuido a que cada paso de avance que se haya dado se revierta a los cuatro años de iniciado. De esa manera ningún proyecto logra alcanzar un nivel de desarrollo sino que se queda en el ámbito del experimento inconcluso. Esto así porque el transporte no se ha enfocado como un servicio a la población sino como un arma política de enriquecimiento personal.

En el sector transporte de la administración pública no se ha producido un nivel de consenso entre los funcionarios que permitiera alcanzar unidad de acción. Menos aún existe un liderazgo que se reconozca como válido ni que se haya dado a respetar.. El soborno y el chantaje han sustituido al diálogo entre los sectores público y privado. Niegan así una de las formas de gobernar a favor del pueblo. En cambio, favorecen los intereses particulares propios, así como los de políticos y empresarios allegados a su corriente política.

Merced a la dispersión institucional, la ineficiencia y el despilfarro han sido tan grandes como cualquier fraude bancario. La corrupción gubernamental en el sector transporte ha paseado reiteradamente las páginas de los periódicos sin que se hayan tomado medidas para corregir la situación. La impunidad que disfrutan los funcionarios no ha hecho otra cosa que agravar el problema. Bastarían para demostrar esta aseveración los ejemplos del Plan RENOVE y de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Ambos son claras muestras de lo que es un barril sin fondo.

[b]UN INTENTO FRUSTRADO[/b]

Durante el gobierno del doctor Leonel Fernández se adoptó la norma de comprar vehículos de alta capacidad para ofrecer un servicio público más digno y eficiente. Asimismo, se creó una institución técnica para el diseño y la planificación del transporte, la cual contaba con una fuerza policial de tránsito para el apoyo de sus lineamientos. Esas fueron medidas que orientaron el camino a seguir en el diseño de una política de transporte. Sin embargo, a partir del año 2000 se despreció aquello. Contra toda lógica, se adquirieron miles de vehículos pequeños contradiciendo así la norma más elemental del servicio público de pasajeros. La politiquería y el afán de enriquecimiento pudieron más que la racionalidad en el ejercicio de una gestión. Esas medidas, tal como se esperaba, fracasaron porque no han servido para solucionar los problemas del tránsito. Para colmo ni siquiera fueron útiles para alcanzar los fines políticos que se buscaron. Prueba de eso está en que durante las huelgas generales que tuvieron lugar en noviembre de 2003 y en enero de 2004 los beneficiarios del Plan RENOVE mordieron la mano de quien los había favorecido respaldando los paros de labores en todo el territorio nacional.

[b]INSTITUCIONALIDAD DISPERSA[/b]

Por otro lado, la dispersa institucionalidad en el sector transporte ha hecho imposible que se coordinen actividades en beneficio de la población. En la actualidad, inciden directamente sobre el sector transporte, sin que haya coordinación alguna entre ellos, los siguientes organismos:

Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT)

Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)

Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)

Dirección General de Control y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación

Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA)

Departamento de Tránsito de la Policía Nacional

A éstos siete organismos habría que sumarles las direcciones de tránsito urbano que contiene la estructura de cada municipio. Asusta de solo pensar cuántos recursos se han dilapidado por este desorden y cuánto ha tenido que sufrir la población por el desprecio a los intentos que se han hecho para organizar el transporte.

La consolidación en una sola institución de todos los organismos relacionados con el tránsito y el transporte podría facilitar la organización, crear un ahorro y provocar el aumento de la eficiencia para disfrute de la ciudadanía. Cada día que se demora en unificar el sector transporte coloca a la nación en peores condiciones para recuperarse.

[b]TRES INTENTOS DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL[/b]

Durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, éste sometió al Congreso un proyecto de ley para la consolidación de las instituciones del sector mediante la creación de la Secretaría de Estado de Transporte Terrestre. Unas cámaras legislativas controladas por miembros del Partido Revolucionario Dominicano, plagadas de sectarismo, le dieron de lado a una idea que, de haberse aceptado, habría orientado el sector transporte por una senda de eficiencia y organización.

Luego, a principios del gobierno del agrónomo Hipólito Mejía, el flamante Presidente sometió al Congreso un proyecto de ley que buscaría un objetivo semejante al del presidente Fernández al proponer la creación de la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre (ANTRAT). Posteriormente, a mediados del año 2003, el gobierno del presidente Mejía sometió a la consideración del Congreso Nacional la formación de una Superintendencia de Tránsito y Transporte Terrestre (STTT). Aún cuando el Presidente de la República es perredeista, al igual que la mayoría de los congresistas, en las dos oportunidades se ignoraron las propuestas y cayeron en el saco del olvido. Mientras, el deterioro de las instituciones estatales sigue creciendo.

En esencia, los tres proyectos de ley sometidos al Congreso apuntaban hacia el mismo objetivo. Las diferencias eran de forma porque todas propugnaban por la consolidación del sector transporte como forma de elevar su eficiencia. Como el Congreso nunca envió esos proyectos ni siquiera al estudio de comisiones, no se puede saber cuáles factores permitieron que esas iniciativas fueran despreciadas.

[b]CONCLUSIONES[/b]

Solucionar definitivamente los problemas del tránsito y del transporte en todo el territorio nacional es un imperativo. Es muy elevado el precio que estamos pagando por la anarquía y la desorganización en el sector.

Asimismo, la desidia harto demostrada por el Congreso Nacional con los proyectos de ley relacionados con el transporte no va a cambiar si no se les asegura a los legisladores “la grasa” que suavizaría esa maquinaria.

Por esas razones, el nuevo gobierno que tome posesión el próximo 16 de agosto de 2004 debía anticiparse a los acontecimientos y plantear una reforma provisional del sector transporte por vía administrativa. La sopa de letras que ahora lo componen (AMET, OTTT, DGTT, OMSA, etc.) debía aglutinarse alrededor de una sola política y de un consejo directivo provisional. Debe disfrutar de una sola asignación presupuestaria y de una supervisión directa del Presidente de la República mientras el nuevo organismo se adecúa a las nuevas circunstancias y corrige los inevitables entuertos que surgen en la etapa de transición. Sectarismo aparte, otro rechazo congresional sería más difícil de justificar ante un hecho consumado y exitoso.

No podemos olvidar que el transporte es uno de los dos sectores que más inciden en la economía y en la estabilidad social del país. Sólo la energía eléctrica podría comparársele en importancia. Y como ente nodal de todas las actividades de la población debe ser atendida de acuerdo con su jerarquía. Para que avancemos hacia la modernidad.