La elección de los presentes miembros de la Junta Central Electoral representa un esfuerzo de consenso en la búsqueda de integrantes apartidistas e independientes del poder político con la posibilidad de organizar tres elecciones (primarias internas, municipales y congresuales y presidenciales) con la debida transparencia y equidad.

Esta sociedad comenzó a cambiar a partir de febrero de 2017 cuando surgió la “Marcha Verde” en respuesta a los sobornos revelados desde el exterior por parte de la empresa brasileña Odebrertch y ese empoderamiento se afianzó a raíz del fraude consumado en las primarias del PLD y el intento de repetirlo en las municipales de febrero que hizo colapsar el sistema.

Esa fue la “gota que rebozo la copa”; por vez primera en muchas décadas manifestaciones pacíficas y masivas en contra de la JCE y el gobierno, y aunque la pandemia parecía que le dio cierta ventaja al “danilismo” en su afán de perpetrarse en el poder, lo cierto es que el 5 de julio la voluntad popular reconoció en Luis Abinader la oportunidad de expulsar del gobierno al sector que llevó la corrupción hasta la mayor cota histórica.

Los pasados miembros de la JCE surgieron con los mejores augurios, incluso Castaños no tuvo que someterse al examen, fue de consenso, pero con un Presidente con ambiciones de perpetuarse en el poder había que tener una reciedumbre para oponerse a sus designios, a mi juicio esa debilidad de los pasados miembros de la JCE fue su perdición.

Baste recordar el ultraje sufrido por la entonces Jueza de la SCJ, Dra. Mirian German, a cargo del Procurador títere, o como por una sentencia que afectaba al partido aliado PRD, el entonces Presidente del TSE, Román Jáquez, fue despojado de la escolta en plena calle, amenazado de juicio político y de destitución.

Las primarias abiertas eran el escenario para Danilo Medina legitimar la modificación constitucional, pero como el clamor de rechazo encabezado por Leonel Fernández y en su momento Luis Abinader, líder de la oposición, más la llamada del Secretario de Estado Mark Pompeo, impidieron la modificación, entonces se puso en ejecución el plan B con un precandidato títere y un fraude electrónico gracias a una plataforma que no era de factura de una empresa global, era “hecha en casa” y además sin ser auditada.

Por todos esos antecedentes fue correcta la posición del Presidente Abinader de designar miembros de la JCE sin vinculación partidaria y con requisitos que garantizaran la independencia y obviamente fue necesario el consenso entre el PRM y la FP y contamos con una JCE que responde en principio a las aspiraciones de esta sociedad.

La tarea no será sencilla para el Presidente de la JCE Román Jáquez y demás miembros porque recuperar la credibilidad toma tiempo y esta sociedad va a exigir en los próximos comicios cosas que no se cumplieron en el más reciente y los anteriores.

No es posible que las campañas electorales, desde el Presidente hasta un regidor, cuesten tanto dinero, no es posible en un país con tan baja presión tributaria y deuda publica elevada, a causa de la irresponsabilidad y corrupción del gobierno anterior, se usen los recursos del estado en campaña como se dilapidaron desde antes del 6 de octubre hasta el 5 de julio.

Obviamente será necesario modificar la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral, como recientemente declaró el Presidente Abinader, para hacerlas un instrumento más apropiado a esos propósitos.