Esta semana, el Banco Mundial publicó un informe titulado Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento. Dicho informe señala que América Latina y el Caribe (ALC) necesita una nueva política industrial muy distinta a las fórmulas de sustitución de importaciones del pasado y a los auges liderados por materias primas que una y otra vez se desvanecen. El desafío central de la región no es un misterio: se invierte poco en tecnología y capacidades de gestión, se escalan muy pocas empresas dinámicas y demasiados trabajadores quedan atrapados en actividades de baja productividad. Una política industrial moderna debe, por tanto, centrarse en construir las capacidades que permitan a las empresas descubrir, adaptar y escalar nuevas tecnologías. Eso exige un Estado proactivo, pero que actúe menos como planificador de ganadores y más como inversionista en bienes públicos, facilitador de la coordinación y gestor de riesgos. Con esa orientación, la política puede ofrecer crecimiento sostenible, mayor productividad y mejores empleos.

Durante su presentación a los embajadores de la región, el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney, puso como ejemplo a Japón. En 1860, el cobre era el segundo producto de exportación de ese país y las tres principales empresas del sector eran Hitachi, Sumitomo y Fujitsu. Sin embargo, hoy esas compañías han pasado de los metales a la alta tecnología. El problema de ALC no ha sido la “maldición” de poseer recursos naturales, sino la incapacidad de aprovechar su base industrial y la inversión extranjera como oportunidades de aprendizaje y de agregado de valor para insertarse en las cadenas globales de valor. Ahí es donde subyace la gran brecha de desarrollo entre la región y los gigantes asiáticos.

Un primer principio es pasar de subvencionar sectores a financiar el aprendizaje. En lugar de inmovilizar capital en industrias protegidas, los gobiernos deben atacar las restricciones que impiden a los emprendedores experimentar: escasez de capital de riesgo, altos costos de cumplimiento, logística poco confiable, falta de habilidades técnicas y débil difusión del saber hacer gerencial. El apoyo debe ser temporal, contestable y vinculado a desempeño medible, como el crecimiento exportador, las ganancias de productividad verificadas y la creación de empleo formal. Este enfoque es compatible con la disciplina fiscal y la rendición de cuentas democrática porque paga por resultados y no por insumos.

El financiamiento ilustra el giro. Los bancos de la región siguen prestando principalmente contra garantías reales, mientras que el capital de riesgo y de crecimiento es poco profundo. Los gobiernos pueden atraer capital privado construyendo una “pila de financiamiento para el crecimiento”. Las reformas a las leyes y registros de garantías mobiliarias permiten el crédito basado en activos; marcos de insolvencia y reestructuración más eficaces reducen el costo del fracaso y fomentan segundas oportunidades honestas. Fondos públicos de fondos, gestionados de forma independiente y coinvirtiendo en igualdad de condiciones (pari passu) con gestores privados, pueden profundizar el capital en etapas tempranas y de expansión sin politizar decisiones de inversión. Los bancos de desarrollo deberían pasar de líneas de crédito subsidiadas a instrumentos que compartan el riesgo con prestamistas privados: garantías, tramos de primera pérdida y financiamiento basado en ingresos para empresas jóvenes que adoptan nuevas tecnologías.

Los mercados competitivos son el siguiente cimiento. ALC aún padece sectores concentrados, exenciones discrecionales y altos costos de entrada que hacen arriesgada la experimentación. Las autoridades de competencia deben vigilar con mayor fuerza a cárteles y “guardianes” digitales, mientras que la contratación pública y las normas técnicas se rediseñan para alentar nuevos proveedores y probar soluciones innovadoras. Reducir el costo de la formalidad es igualmente importante: combinar reglas de contratación y despido más ligeras con mejor seguro de desempleo y beneficios portables reduciría la penalización por ampliar nóminas, especialmente para empleadores primerizos. Los sistemas tributarios pueden reequilibrarse alejándose de impuestos corporativos distorsionantes hacia bases más amplias de IVA y de impuestos a la propiedad, manteniendo a la vez créditos simples, topeados y reembolsables para I+D y formación de trabajadores.

Los bienes públicos determinan si las empresas pueden escalar de forma sostenible. La logística y la energía son decisivas para el nearshoring y la diversificación exportadora. Los gobiernos deben comprometerse con un estándar de “mismo día” mediante aduanas digitalizadas, programas ampliados de Operador Económico Autorizado y mejoras de puertos y corredores. En energía, subastas competitivas de renovables y almacenamiento, transmisión de acceso abierto y reglas claras de interconexión pueden ofrecer electricidad más barata y limpia, reduciendo además la volatilidad. La infraestructura digital pública —pagos interoperables, facturación electrónica e identidad digital— reduce costos de cumplimiento, impulsa la innovación fintech y hace verificables los programas de apoyo focalizados. Establecer una red de “distritos de productividad”, parques industriales o zonas urbanas de innovación con servicios confiables, permisos ágiles y asistencia técnica puede concentrar inversión allí donde ya existen universidades y nodos logísticos.

La innovación y las habilidades son los verdaderos multiplicadores de productividad. La región debe cerrar brechas en capacidades gerenciales y adopción de tecnología aplicada. Un servicio nacional de extensión en gestión y emprendimiento —impartido por universidades y proveedores privados, pero pagado según mejoras verificadas— puede actualizar las prácticas de las firmas en calidad, logística, uso de datos y mejora continua. Las incubadoras y aceleradoras universitarias necesitan incentivos para producir startups listas para inversión, no solo talleres; el financiamiento debe asignarse por convocatorias competitivas atadas a inversiones de seguimiento y creación de empleo. En habilidades, la educación técnica de ciclo corto alineada con necesidades empresariales —automatización industrial, operaciones en la nube, mecatrónica y ciberseguridad— debe otorgar microcredenciales reconocidas regionalmente. Becas con compromisos de retorno de servicio, programas de la diáspora y visas aceleradas para migrantes altamente calificados que enseñen o asesoren a startups pueden ampliar rápidamente el talento especializado.

Una vez fortalecidas estas capacidades horizontales, los gobiernos pueden hacer apuestas selectivas donde la región tenga ventajas comparativas latentes. Tres ámbitos sobresalen. El primero es la transición verde. Los recursos hidroeléctricos, solares y eólicos de ALC, junto con minerales críticos y biodiversidad, permiten capturar valor aguas arriba y en la mitad de la cadena de valor más allá de la extracción. Las políticas deben promover cadenas de suministro de baterías y componentes de vehículos eléctricos —materiales catódicos, separadores, químicos especiales— respaldadas por financiamiento ligado a contratos de compra y trazabilidad estricta. Los acuerdos de compra de energía limpia y permisos más ágiles pueden sustentar procesos verdes de metales e infraestructura digital intensiva en energía, como los centros de datos. Para el hidrógeno verde, los proyectos piloto deben concentrarse en aplicaciones con trayectorias realistas hacia la paridad, como fertilizantes o combustibles marítimos, en lugar de promesas difusas. Una bioeconomía moderna —desde construcción con madera laminada hasta servicios ecosistémicos verificados— puede monetizar activos ambientales aplicando sistemas robustos de medición, reporte y verificación.

El segundo ámbito son los servicios digitales e intensivos en conocimiento. La alineación horaria con Norteamérica y Europa, junto con un talento tecnológico en crecimiento —aunque subutilizado—, hace atractiva a la región para software, analítica y diseño. Los gobiernos pueden catalizar escala cofinanciando programas de capacitación solo cuando exista colocación laboral verificada y se cumplan umbrales salariales; la compra pública debe adquirir resultados (fraude reducido, menor tiempo de espera hospitalaria) para convertir a las agencias en bancos de prueba para startups GovTech y HealthTech. La atracción de regiones de nube y centros de datos debe condicionarse a energía limpia, gestión del agua y estándares de enfriamiento circular, creando demanda de habilidades de mantenimiento y seguridad especializadas que irradien a firmas locales.

El tercer ámbito es la manufactura avanzada relocalizada. Pactos de desarrollo de proveedores pueden vincular a fabricantes ancla en automotriz, dispositivos médicos y electrónica con pymes locales prometedoras. El cofinanciamiento público debe apoyar modernizaciones de planta —robótica, sistemas de calidad, eficiencia energética— condicionadas a órdenes de compra y a mejoras auditadas en entrega, costo y tasas de defectos. Centros regionales para certificaciones ISO, FDA y automotrices reducirían costos a pymes de varios países y consolidarían cadenas de suministro transfronterizas.

La implementación determinará el éxito. Un único Fondo de Crecimiento y Competitividad debe consolidar programas a través de ministerios en ventanillas especializadas para innovación, mejora de proveedores, transformación verde y habilidades. Cada ventanilla debería gestionarse a distancia del ciclo político, con consejos independientes, selección competitiva, divulgación transparente de beneficiarios y cláusulas de caducidad incorporadas. Los instrumentos deben pagar por resultados: victorias exportadoras, aumentos de productividad verificados, patentes con comercialización, reducciones de intensidad energética y colocaciones laborales en ocupaciones objetivo. Evaluaciones rigurosas —aleatorizadas o cuasi-experimentales— deben orientar decisiones de ampliación o cierre, y todos los resultados publicarse en tableros públicos para fortalecer la rendición de cuentas.

Dado que las economías de la región son pequeñas en relación con las cadenas de valor globales, la cooperación regional multiplica el impacto. Acuerdos dentro de la Alianza del Pacífico, Mercosur, el Caribe y Centroamérica pueden unificar normas, reconocer credenciales profesionales y agrupar capital para infraestructura e investigación transfronterizas. Misiones tecnológicas conjuntas y laboratorios de ensayo compartidos reducirían la duplicación y acelerarían la difusión. Un “sello verde” común para exportaciones podría disminuir costos de cumplimiento frente a los regímenes emergentes de ajuste de carbono en frontera.

La dimensión ambiental debe ser central y no decorativa. Todo instrumento de apoyo público debe incluir incentivos para reducir la intensidad energética y de materiales, adoptar producción circular y verificar emisiones. Renovables a gran escala, junto con la modernización de redes, recortarán costos y permitirán la electrificación del transporte y la industria. Las soluciones basadas en la naturaleza, cuando se miden con rigor, pueden generar ingresos para comunidades rurales y reducir riesgos en sectores sensibles al clima, como agricultura y turismo. Al vincular el financiamiento a hitos de descarbonización y a la adopción de procesos más limpios, el Estado alinea los incentivos de las empresas con la resiliencia climática de largo plazo de la región.

Varios resguardos de economía política pueden mantener creíble la agenda. Límites a la concentración de beneficiarios evitan la captura por unos pocos; convocatorias abiertas y puntajes estandarizados reducen la discrecionalidad; y reglas de “puertas giratorias” y de conflicto de interés protegen la integridad de los programas. Es crucial, además, que el paquete de reformas ofrezca victorias rápidas y visibles —despacho aduanero más ágil, contratos de energía limpia más baratos para pymes o un aumento de colocaciones en empleos tecnológicos— para construir coaliciones amplias más allá de las élites empresariales. La comunicación debe subrayar que el objetivo no es reemplazar a los mercados, sino hacer que funcionen para el descubrimiento y la escala.

En síntesis, una nueva política industrial para ALC debe hacer del emprendimiento transformacional su principio organizador. El papel del gobierno es financiar el riesgo sin politizarlo, hacer cumplir la competencia mientras reduce costos de entrada, invertir en bienes públicos que disminuyan la incertidumbre y cultivar las habilidades e instituciones que difundan tecnología. Apuestas selectivas en industrias verdes, servicios digitales y manufactura relocalizada pueden convertir esas capacidades en diversificación exportadora y empleo formal. Si se implementa con transparencia, disciplina por desempeño y cooperación regional, esta agenda puede ofrecer crecimiento sostenible, una capa más gruesa de empresas dinámicas y un mercado laboral que finalmente premie las habilidades y la innovación por encima de la protección y la suerte.