Los ríos fronterizos, que son seis un tanto menguados, siempre han surtido agua hacia los dos lados de la isla para un aprovechamiento equitativo; pero lo que intereses privados haitianos pretenden veladamente y sin consenso con la contraparte dominicana es represar el Masacre en ruptura con criterios técnicos, ambientales y jurídicos y en total perjuicio de los agricultores y otros usuarios del caudal situados a este lado de unos límites de reconocida vulnerabilidad.

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Después de declararse impotente y ajeno a un tipo de proyecto que en ningún país puede escapar al Estado, el “Gobierno” haitiano, doblegado por anarquistas y dueños de fincas, se lanza a justificarlo con desprecio al derecho internacional y a lo pactado por las dos naciones. Como parte agredida con intento de despojo de un recurso sin único dueño, República Dominicana está defendiendo legítimamente sus intereses con reafirmación de autoridad en los contornos del territorio de América Latina de menos garantías para vidas, bienes y normas civilizadas, con más espacios en manos de facinerosos que bajo la ley y el orden.

El «premier» Ariel Henry está montado en una ficción como quien se trepa al lomo de un toro salvaje. El país sigue careciendo de interlocutores más allá de las corrientes fluviales que parten a la Hispaniola aunque lo único sensato es dialogar con altura y respeto a lo convenido antes. Ante una irrefrenable anarquía, el Gobierno aplica apropiadas medidas disuasivas.