Una oportunidad para la parte digna de la Policía Nacional. Adelantar el inicio de la reforma para logar que el país disponga más prontamente de un cuerpo del orden fiable y de auténtica protección ciudadana resulta en este momento una apropiada respuesta del Gobierno a la consternación por las trágicas muertes de jóvenes privados de libertad en destacamentos.

Simultáneamente, y para que la intención de transformar a la PN quede fuera de toda duda, el Ministerio Público debe establecer responsabilidades directas en las evidencias de las palizas mortales.

Sin limitarse a la inculpación de subalternos, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso debería establecer la relación que los tratos brutales podrían guardar con la falta de aplicación de normas de respeto a los derechos humanos que corre por cuenta de las superioridades.

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Si es por falta de disciplina y de control institucional sobre miembros sin conciencia de los límites que la violencia prospera entre paredes de cuarteles, el escalpelo que busca el origen de los desafueros debe llegar a las causas subyacentes.

Las que no se ven a simple vista pero conectarían con negligencias o falta de capacidad jerárquica para contraponerse, aun antes de que llegue la reforma, a las crueldades de los interrogatorios y castigos medievales insufladas a una Policía que nació en la tiranía.

La tolerancia cero a los abusos y a las omisiones de efectivas órdenes superiores debe ser el principal signo renovador.