Cuando empezó esta gestión de gobierno en el país corría por doquier el criterio de que sería una gestión que combatiría la corrupción y que sus funcionarios jamás incurrirían en las faltas que entonces enrostraban al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Esta visión está fundamentada, principalmente, en los tajantes y absolutos pronunciamientos que sobre el tema había hecho dentro y fuera del país el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía.

El nuevo jefe del Estado gozaba de una envidiable buena fama. Había ocupado la secretaría de Agricultura y había servido en el sector privado con la misma imagen, la de un hombre dedicado al trabajo, a la familia y a sus amigos.

Las encuestas administradas en noviembre del 2000, pocos meses después de los comienzos del gobierno del PRD, indicaban que más de la mitad de los votantes, el 51%, estaba seguro de que la nueva gestión combatiría la corrupción. Todavía en febrero del próximo año los ciudadanos expresaban mucha confianza en que se haría como se había prometido.

Los nuevos funcionarios enfilaban cada día sus cañones contra el gobierno del PLD, una administración que había salido del poder no solo con el sambenito de estar integrada por egoístas Acomesolos@, sino por gente que había predicado por años y años la decencia y la ética pero que en el poder se había corrompido.

Pero inexplicablemente, cuando el gobierno de Mejía cumplía su primer año ya la gente empezaba, de forma mayoritaria, a dudar de la sinceridad de su lucha contra la corrupción. En agosto del 2001, en efecto, la encuesta Hamilton-Hoy revelaba que el 57% de los votantes había dejado de creer en la decisión gubernamental de atacar la corrupción. Solo el 39% seguía confiado en el empeño oficial.

Se trataba de un vuelco violento de un año para otro, en medio de declaraciones diarias de los más altos jerarcas del gobierno y del ministerio público sobre el tema de la corrupción. Incluso, no pocos antiguos funcionarios tuvieron que acudir a la Procuraduría General de la República y no eran pocos las acusaciones que se filtraban a los medios de comunicación.

La percepción pública mostraba, empero, como si a mayores iniciativas Aanticorrupción@ del gobierno más incredulidad se apoderaba de la población.

Las encuestas nacionales expresan los sentimientos de todos los ciudadanos, de los hombres y las mujeres, de los campesinos y los urbanos, de los ignorantes y los ilustrados, de los políticos y los apartidistas, de los jóvenes y los adultos, sentimientos que se forjan no solo por lo que se dice, lee y ve en los medios, sino por lo que se escucha y por lo que se ve en el entorno de cada quien. Parece, entonces, que los ciudadanos registraban hechos y actitudes que iban más allá del teatro público.

A pesar de estas inquietantes percepciones el gobierno no parecía sentirse aludido. El Presidente Mejía reiteraba la seriedad de su administración y ratificaba su confianza en sus funcionarios. Las veces que los medios denunciaban actos considerados corruptos o malversación de fondos o tráfico de influencia o abuso de poder, la respuesta oficial era minimizar los reportes periodísticos o desafiar a los medios de prensa para que probaran sus informaciones. Y desde el ministerio público se adoptaba la cómoda y pasiva posición de repetir, una y otra vez, que se aportaran las pruebas.

En el gobierno, además, no parecían darse cuenta que había una opinión pública en construcción. Justo a los dos años del gobierno el 84% de la población adulta consideraba que en el gobierno había corrupción y el 69% creía que había igual o más corrupción que en la administración del doctor Leonel Fernández.

Las últimas encuestas dicen lo que en agosto del 2000 hubiera sido impensable: el 90% de los votantes cree que en el gobierno hay corrupción, incluyendo una proporción tan alta como el 78% de los ciudadanos y ciudadanas que se sienten perredeistas.

Que así lo crean los militantes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano, en términos de la lógica partidaria se entiende perfectamente. Pero que una alta proporción de gente del PRD así lo confiese es una verdadera derrota política para el gobierno.

La lucha contra la corrupción es una asignatura pendiente en la sociedad dominicana. Tendrá que ser una lucha inteligente y larga porque el sistema de partidos fomenta la corrupción y las prácticas de negocio entre empresarios y el Estado, también. Hay, además, una visión cultural que minimiza los actos que pueden considerarse o que en otras sociedades se consideran incompatibles con la ética política y la ética administrativa.

Entre nosotros, el político sube al poder para ayudar a los suyos, a los que se fajaron por la causa y los que reciben posiciones gubernamentales entienden que es, a su vez, para favorecer a quienes formaron parte de su equipo, para recuperar su inversión y, por supuesto, para acumular el capital suficiente para quedar en una posición económica Acómoda@ u Aholgada@.

De todos modos, la sociedad tiene que plantearse, con seriedad, establecer unos límites éticos en la vida pública y en los negocios entre los empresarios y el Estado y en estos entre sí. Porque hay indicios de que ya la corrupción no solo es un problema moral, sino un factor económico importantes.

Este gobierno perdió una batalla que despertó esperanza en amplios sectores del país, pero hay que reclamar que otros intentos empiecen.