En la página 5A del periódico “Listín Diario”, correspondiente a su edición del 17 de noviembre en curso, aparecen unas declaraciones atribuidas a monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en las que el eclesiástico y destacado académico favorece modificar la Ley General de Educación No. 66-97 en vista de la imposibilidad que, según él, tiene el Gobierno de cumplir con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto que contempla esa legislación para el sector educativo. También, el sacerdote católico considera que dicho edicto fue aprobado cuando el Gobierno no estaba preparado (Por falta de recursos o de voluntad política) para ejecutarla.

Expertos en educación, junto a empresarios, dirigentes políticos y otros grupos de interesados, intervinimos en la formulación de un anteproyecto de Ley de Educación que contemplaba que el Gobierno asignara anualmente una proporción de recursos para la educación que no debiera ser inferior al 16% del Presupuesto Nacional o al 4% del Producto Bruto Interno. Dicho edicto fue convertido en ley por el Congreso Nacional y promulgada por el 9 de abril de 1997 por el doctor Leonel Fernández Reyna, quien para entonces, al igual que hoy, ocupaba el cargo de Presidente Constitucional de la República. Todos nos comprometimos a redistribuir y racionalizar las más variadas fuentes de financiamiento para cumplir con dicho compromiso.

Cuando la Ley General de Educación No. 66-97 fue promulgada la economía dominicana alcanzaba niveles muy altos de crecimiento y el país exhibía planos de prosperidad nunca vistos. ¿Por qué el sistema dominicano de instrucción pública tiene que ser el peor financiado de la América española? ¿Por qué países en vía de desarrollo como El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua invierten dos y hasta cuatro veces más en educación que la República Dominicana?

La escuela dominicana es fundamentalmente pública. Sólo una minoría de hijos de familias pudientes o embulladas asiste a colegios privados o las llamadas universidades de élites. Sucede que cuando el Gobierno no invierte lo que debería de invertir en educación o cuando los colegios y universidades privadas elevan el costo de sus matrículas de forma desproporcionada, miles de niños y jóvenes se ven privados de la posibilidad de acceder a un sistema o subsistema de una educación de calidad, y de disfrutar de las mismas oportunidades de progreso de que disfruta las minorías privilegiadas.

Sin un presupuesto adecuado para el sector, ¿Cómo vamos a alcanzar los objetivos del Milenio? ¿Cómo vamos a implantar un sistema educativo que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio de la ciudadanía responsable, tal y como está contemplado en la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030? ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación?

Pareciera que aquí las élites son las que gobiernan. Que los que se creen dueños de este desventurado país, empujan hasta colocar sus intereses en el primer lugar de la lista de prioridades del Estado. Pero, no hay que perder la esperanza, la fe en Dios y en la Virgen del Carmen. Como me decía la abuela “algún día ahorcan blancos”.