En la discusión sobre la sentencia 168/13 del TC se incurre en varios dislates, frutos de la pasión e ignorancia de muchos y de inexplicables equívocos de otros. Quienes condenamos la sentencia nos referimos al contenido y consecuencias de ésta, quienes la apoyan, en general, parecería que discuten con fantasmas, pues nadie dice lo que ellos dicen que decimos.

Entre quienes la condenamos se encuentran los intelectuales que han escrito las más sólidas propuestas regulatorias de las migraciones, los más empeñados en que se termine la corrupción en el tráfico ilegal de la mano de obra haitiana y el abuso contra ese recurso productor de riqueza principalmente para unos pocos de aquí y de allá. Jamás hemos negado la necesidad de esa regulación.

Algunos, como Flavio Darío Espinal, dicen que el gran valor de la sentencia es que establece el derecho del Estado Dominicano de determinar la nacionalidad. Nadie ha negado ese derecho, lo que decimos es que éste ni ningún Estado puede negar derechos adquiridos, como él honestamente lo reconoce al admitir el carácter retroactivo de una sentencia que afecta a miles de personas registradas como nacionales dominicanos por ese mismo Estado.

Algunos con insania, otros por igno- rancia, sin que falten ingenuos, dicen que a quienes se les quiere arrebatar su nacionalidad legalmente obtenida, en definitiva no serán apátridas, porque la Constitución haitiana les “reserva las suyas”. Un error, ese argumento no repara que nacionalidad e identidad son inseparables, que un documento legal es menos importante que un sentimiento de pertenencia. Se es nacional por sentido de pertenencia a un entramado de valores, vivencias y experiencias adquiridas en el tiempo. Ya lo dijo Marc Bloch “los hombres son más hijos de sus tiempos que de sus padres”.

Otros de buena fe, y de mala fe la mayoría, incurren el equívoco de decir que no es propio de un demócrata pedir una intervención del Ejecutivo para que de alguna manera corrija el carácter inconstitucional e inhumano de la sentencia. Los bien intencionados se basan en la vieja idea de que es preferible la dictadura de las leyes a la dictadura de los hombres, un antiguo e inconcluso debate. Sin decantarse, Weber establece que las circunstancias determinan el predominio de uno o del otro, Gramsci se decanta por el cesarismo progresivo, no regresivo, vale decir, en determinadas circunstancias debe prevalecer el interés político que corrige una coyuntural arbitrariedad de la ley.

Maalouf, nos dice que “en la democracia lo que es sagrado son los valores, no los mecanismos”. Las leyes se hacen para las circunstancias y éstas a su vez las modifican. La esencia de la sentencia es inhumana, esa es la cuestión. Aceptarla porque como dice el Cardenal, el TC está “por encima de todas las personas e instituciones”, incluyendo su iglesia y a la CIDH, significaría un desalmado culto a lo procedimental, un retroceso al siglo XVII cuando el ser humano estaba subordinado a la despótica la ley del monarca… y de la Iglesia.

El tema de la sentencia es institucional, de derechos humanos y esencialmente político. Es en esta última instancia donde habrá que encontrar su necesario e inevitable correctivo.