Cuando la influencia del crimen organizado sobre las fuerzas armadas, la policía, los políticos y la justicia llega a un nivel que coloca a un país ante el abismo de tal vez convertirse en un narco-Estado, hay que concebir y poner en ejecución soluciones poco ortodoxas, pero que mantengan la democracia.

Un ejemplo cercano geográficamente de lo que nuestro país podría hacer es lograr lo que consiguió Guatemala a finales del 2006 y que Honduras está en proceso de pedir.  Se trata de solicitar a Naciones Unidas la creación de lo que en Guatemala se ha denominado la “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG), un órgano independiente de carácter internacional cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la policía y otras instituciones del Estado en la investigación penal y que incluye la capacidad de esa comisión de hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG y hasta puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra esos funcionarios.

Como indudablemente afecta la soberanía de un país, en el caso de Guatemala la Corte Constitucional tuvo que dar una opinión favorable, en mayo del 2007, para el acuerdo luego recibir sanción congresual en agosto de ese año.

En cuanto a mermar la soberanía, en el caso dominicano, en 1995, sin que se enterara el país y mucho menos nuestro Congreso, el gobierno de Joaquín Balaguer firmó un acuerdo con Estados Unidos, todavía vigente, por medio del cual unidades navales norteamericanas pueden entrar en aguas territoriales dominicanas en búsqueda de drogas, siempre y cuando a bordo esté un oficial de la marina dominicana. Ahora se negocia algo parecido con el gobierno de Colombia. Helicópteros norteamericanos ubicados en Puerto Rico en el pasado han entrado en territorio dominicano al comprobarse la presencia de barcos o aviones con drogas. Bien pudiera ser que se permita a americanos como copilotos en los tucanos.

Con un personal internacional de 207 personas procedentes de 23 países diferentes, la CICIG sigue operando en Guatemala apoyando la labor del Procurador General y de la policía, proveyendo además, una plataforma de información electrónica y contactos inmediatos con agencias internacionales que luchan contra el crimen. Ha logrado reducir la corrupción dentro del gobierno. Admitámoslo, es algo así como abogados y policías con cascos azules.

En nuestro país indudablemente muchos, tal vez bien intencionados, pondrían el grito al cielo alegando que eso violaría la soberanía. Ese argumento lo utilizarían también los que estando corrompidos y teniendo buenos contactos políticos verían peligrar sus negocios. Pero ambos grupos no se quejan ahora de la presencia de la DEA, la agencia norteamericana que lucha contra la droga en nuestro país, lo que indudablemente afecta la soberanía. Lo de un CICIG sería una medida drástica, pero, ¿existe algún otro plan alternativo, excepto la legalización del consumo de drogas, que logre reducir la influencia de los criminales de la droga sobre nuestros gobiernos?

Ya sustrajeron un avión. Pronto se robarán la droga que captura la DNCD antes que sea incinerada, si es que se está incinerando.