El general Juan Manuel Méndez García, director del COE, sostuvo esta semana una larga entrevista, en la que se refirió en detalles al manejo de emergencias en el país, específicamente bajo los efectos de los huracanes Irma y María.
El general Méndez dijo algo importante: “La naturaleza no causa desastres; el hombre construye vulnerabilidad”. Esto es interesante -en parte- porque remite a la idea consensuada de que no existen “desastres naturales” y menos que sean obra del “destino” o decisión de Dios. Lo que existe son las condiciones que hacen posible que un huracán o un terremoto terminen en desastre.
Pero el general Méndez no fue del todo preciso: no es el “hombre” en abstracto. Es el orden social; es un asunto político, de poder y de derechos.
Esto es clave porque, para referirse a las soluciones, Méndez comentó un poco sobre la importancia de la educación, la obediencia a las alertas, pero sobre todo insistió en que las alcaldías “apliquen el ordenamiento territorial” y se respete “la vocación de los suelos”, enfatizando que haya “mano dura” con la construcción de viviendas en lugares no aptos, por ser la principal causa de riesgos.
Pero las cosas son más graves y complejas.
En primer lugar, según la Constitución, artículo 59, la vivienda digna es un Derecho Fundamental. Pero los dominicanos no eligen dónde ni cómo vivir, o mejor dicho no prima el derecho sino el bolsillo. La mayoría de los dominicanos se arregla “partiendo brazo”. Según los datos del estudio “Las marcas de la política habitacional”, el déficit habitacional del país alcanza los 2 millones de unidades. Si se quiere ser conservador, tómese el balance del gobierno en 2012, que calculó 400 mil viviendas con deficiencias irreparables y 350 mil viviendas sobrepobladas.
Al compararnos con el resto del continente, los datos son escalofriantes: Entre 23 países, República Dominicana queda penúltimo en disponibilidad de agua potable en las viviendas, penúltimo en saneamiento de hogares, y antepenúltimo en disponibilidad de servicios básicos de agua.
Por supuesto, esto no es igual para todos. El 20% más pobre de los dominicanos concentraba, en 2014, el 59.3% del déficit habitacional, que incluye decenas de miles de casas con pisos de tierra o con techos y paredes deterioradas, y casi un millón de viviendas sin acceso directo a agua.
De nuevo: ¿es el “hombre”, así, en abstracto, o una combinación de injusticias y faltas de responsabilidad? ¿Qué opción tienen los millones de dominicanos sin vivienda digna ni mínimamente segura, y que siendo pobres no pueden pagar lo que dicta el jugoso negocio inmobiliario?
Miremos los datos: en 2016, el Estado apenas dedicó a la función Urbanización y servicios comunitarios el 0.39% del presupuesto general. Entre 2013 y 2016 el INVI apenas terminó 4896 viviendas. Y del total de 52 mil que el Estado construyó en igual período, más de 35 mil fueron hechas para ser pagadas por los sectores de ingresos medios y medio-altos.
Entonces ¿dónde puede vivir la gente si no en casuchas o al borde de barrancos, costas, ríos y cañadas? ¿Será cuestión de “mano dura” o de reordenar prioridades?
Falta un detalle: el “ordenamiento territorial” del que habló el General. ¿Sabemos cuánto se destinó en 2017 a esta función establecida en la Constitución? El 0.01% de su presupuesto del Gobierno Central. Tratando de ver cuánto ha dedicado a esta labor la Liga Municipal Dominicana, no encontré ni una fracción de los 854,312,570 de pesos de su presupuesto actual.
Tanto el general Méndez como el país deben saber que con un mercado privado inaccesible para las mayorías y sin un presupuesto digno para construir viviendas y organizar el territorio, siempre habrá desastres. Es verdad, General, no es la naturaleza, pero tampoco es simplemente el hombre: es un orden que niega derechos fundamentales y expone a la destrucción. Las dirigencias políticas y las élites deben definirse al respecto.
Finalmente, una pregunta: El General explicó que el COE prácticamente maneja centavos. Y vimos refugios donde la gente ha dormido en el suelo, donde durante horas no llegaron pan ni agua. Hemos visto que, a 15 días de María, además de puentes derrumbados y escuelas dañadas, hay barrios llenos de lodo donde el Estado no ha llegado ni a limpiar la suciedad donde comienzan a proliferar la leptospirosis y el dengue. Hemos visto comunidades que han comido solo por donativos y convites. Entonces ¿qué pasa con los 1,627,660,466 pesos que el presupuesto 2017 asigna a las dependencias del Poder Ejecutivo para manejar calamidades y desastres?