Se aproxima cada vez más la fecha de las elecciones presidenciales del 16 de mayo de este año. Conforme eso ocurre, van venciendo los plazos fatales de actos consustanciales a la organización del proceso que nos conducirá hasta el certamen.

Para fines prácticos, faltan apenas tres meses y medio para que la población acuda a las urnas para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, y por tanto sería imprudente y perturbador que se pretenda someter a modificaciones la Ley Electoral para acomodar una Ley de Voto Preferencial Presidencial o Ley de Lemas.

Mueve a legítima sospecha el hecho de que legisladores del Partido Revolucionario Dominicano, pioneros de estos aprestos, no cejen en sus afanes por insertar el sistema de selección que estamos cuestionando.

Preocupa, sinceramente, que se materialicen actos de secuestro de poderes como el del martes por la noche, para convocar una sesión nocturna, digna de un clandestinaje, y manosear a toda prisa el famoso proyecto de Ley de Voto Preferencial, y decidir su envío a una comisión para fines de estudio.

Una parte del sector oficialista ha estado trabajando con tozudez para tratar de colar la legislación de marras, y lo está haciendo con la misma vocación acomodaticia y factual que se introdujo en la Constitución la reelección presidencial, uno de los actos que más ha devaluado la palabra empeñada en un compromiso social que, precisamente, tenía por objetivo evitar una reforma caprichosa, un traje a la medida, y promover en cambio enmiendas que afianzaran la institucionalidad del país y actualizaran preceptos nacionales de gran relevancia.

Por legítima sospecha, tememos que la audacia de este mismo grupo le lleve a efectuar otros actos destinados a abrirle camino a sus propósitos, aún en perjuicio de la diafanidad de las elecciones presidenciales. Nos preocupa, también, que la Junta Central Electoral mantenga absoluta indiferencia ante estos afanes.

[b]Otra preocupación[/b]

En la Suprema Corte de Justicia no parece reinar toda la armonía que requiere un sector de poder tan importante y decisivo en la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Públicamente, el presidente del Tribunal Supremo, Jorge Subero Isa, ha dicho que renunciaría a su cargo si no recibe un voto de confianza de quienes con él componen el Plenario.

No vamos a entrar en consideraciones sobre las causas de esta posición. Sería alentar un debate indeseable tratándose de una institución de tanto peso en el equilibrio de los poderes del Estado.

En estos tiempos en que es predecible que la Suprema Corte tenga que decidir la constitucionalidad de algunos actos, como podría ocurrir si es aprobada la Ley de Lemas o de Voto Presidencial Preferencial, se requiere que haya armonía absoluta entre quienes deberán determinar la condición real de estos actos.

Propugnamos que el Presidente y los demás magistrados de la Suprema Corte diriman internamente cualquier diferencia entre ellos, sin que la misma se convierta en elemento de debate público que los políticos no tardarían en manosear para tratar de sacarle provecho para sus causas.

Tratemos de preservar, para bien del país y del equilibrio de los poderes del Estado, uno de los grandes logros de la reforma a que ha sido sometido el Poder Judicial.