BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
La petición o sugerencia para que los miembros del Congreso Nacional aprueben sin cambio de ningún tipo la propuesta de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo les enviará, me parece una pretensión política inaceptable dentro de un régimen democrático.

En buen criollo, lo que se pretende con una petición de esta naturaleza es que los congresistas renuncien a sus responsabilidades y competencias para hacer el papel de sellos gomígrafos que legitimen una iniciativa del Poder Ejecutivo.

En realidad, la reforma de la Constitución de la República debió ser, en tanto que proyecto político, una iniciativa que debió contar con la participación de las tres grandes fuerzas políticas del país, es decir, de los partidos de la Liberación Dominicana, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano. Pero no después de su elaboración, sino antes.

Con frecuencia nos gusta citar y admirar a esa gran democracia del mundo que es la de Estados Unidos de Norteamérica. Pero olvidamos que allí la democracia no es una retórica, no es un florilegio de ideas, ni una cultiparlancia. En Estados Unidos las grandes ideas, los grandes proyectos y los grandes cambios políticos son, necesariamente, bipartisan, es decir, de los dos partidos, prácticamente desde su origen.

Cuando el Presidente Leonel Fernández concibió la reforma constitucional y decidió ponerla en marcha, debió hacer consultas con los liderazgos del PRD y del PRSC y, por supuesto, con la amplia franja de la sociedad civil. Entonces, cada uno de esos agrupamientos iba a tener la oportunidad de hacer sus aportes de origen para la reforma, y todo cuanto se hiciera de ahí en adelante era un compromiso de las fuerzas con representación legislativa.

Pero no se hizo así, porque nuestros políticos proclaman a los cuatro vientos que sin partidos no hay democracia, que éstos son los intermediarios entre el poder y los ciudadanos, pero rehúsan, a la hora de las decisiones,  actuar en consonancia. Ahora se pretende, en cambio, que los legisladores de todos los partidos políticos apoyen la reforma constitucional y voten los cambios que el Poder Ejecutivo y su comisión de juristas decidieron. Me parece una pretensión que desborda el ámbito de lo políticamente razonable.

El Congreso Nacional –el Senado y la Cámara de Diputados- no pueden ceder a este interés del Poder Ejecutivo. Tampoco puede renunciar a su condición de ser la mayor asamblea con que cuentan los ciudadanos, organizados o no, para expresar sus opiniones, para ofrecer sus sugerencias, para hacerse escuchar sobre una reforma tan importante y tan vinculante. Los señores legisladores no pueden renunciar a su derecho a mejorar los cambios constitucionales que quieran introducirse y a incluir aquellos que, por diversas razones, no estén contemplados en el proyecto del Poder Ejecutivo.
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