Jhonatan Liriano Lizardo (jonatanliriano@gmail.com)

En todo el mundo la crisis de salud, económica y social provocada por el Covid 19 está reconfigurando los tableros políticos. Quienes hoy ostentan el poder deben realizar extraordinarios esfuerzos para no ser derribados por una crisis que todavía no toca fondo. Los rebrotes del virus podrían afectar todavía más la tasa de empleo, los servicios públicos, las normas impositivas, las condiciones laborales, el orden democrático…

En este escenario República Dominicana se encuentra dirigida por una fuerza política sumamente heterogénea, dispersa, y carente de un proyecto de sociedad alternativo al instalado por las gestiones del recién derrotado Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El Partido Revolucionario Moderno (PRM), más allá de la visión y el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, no se define por una propuesta de sociedad común a la mayoría de sus integrantes. Llegó al poder por heredar la tradición y las estructuras del PRD y, sobre todo, por el amplio rechazo al régimen peledeísta. En las calles y en los estudios de opinión se dice lo mismo: no ganó el PRM, perdió el PLD.

Del otro lado, entre las fuerzas opositoras mayoritarias existe una disputa por la segunda posición del tablero. El PLD de Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández ya iniciaron una competencia intensa por liderar la oposición, pero lo hacen desde su condición de actores tradicionales dispuestos a ofrecer mejoras en la gestión institucional y en la prestación de servicios públicos para el control de la ciudadanía, no del alcance de la justicia social y la protección de derechos. El PLD y la Fuerza del Pueblo son afines a los intereses de los grandes grupos económicos y sociales que se apropian de los bienes comunes del pueblo dominicano.

Más allá de los partidos y movimientos minoritarios que sirven de satélites de los grandes partidos, encontramos varias fuerzas que, como tales, apenas puede decirse que existen en el imaginario de la ciudadanía. Alianza País, el Frente Amplio, la Alianza por la Democracia… como plataformas tienen niveles de conocimiento muy bajos, aunque varias de sus figuras registren desempeños favorables en una u otra demarcación electoral. Las narrativas más comunes entre estas y otras fuerzas están relacionadas a la agenda de lucha contra la corrupción y a una que otra bandera de defensa de libertades individuales y derechos de minorías, además de la promoción del currículo moral de sus dirigentes. Es una agenda legítima y necesaria, pero insuficiente. Está claramente limitada a los intereses prioritarios de una parte pequeña de la población que también encuentra referentes de esta agenda en figuras y posicionamientos de los grandes partidos políticos del sistema. En el 2012, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina comenzó su gestión haciéndose líder indiscutible de esta agenda.

Con este escenario, y con sobrados estudios donde se confirma la progresiva desafección entre ciudadanía y sistema de partidos, el espacio para la construcción de un proyecto político alternativo está abierto y pendiente de ocupar. Existen serias propuestas encaminadas en esa vía, pero de nuevo les persigue la sombra de la dispersión.

Si queremos trascender la práctica del poder por el poder, de la política como medio de ascenso individual y grupal, sin ningún tipo de aporte a la construcción de un país y un mundo mejor, desde Bien Común debemos trabajar por constituir, junto a otros actores, una verdadera opción alternativa, plural y popular, que responda a los grandes desafíos del siglo XXI: la producción y distribución de los bienes comunes, el fortalecimiento de las instituciones y el orden democrático, la convivencia armoniosa con la naturaleza y la irrupción de la mujer en todas las esferas de participación y dirección.

De estos puntos de agenda la defensa y promoción de los bienes comunes es el más transversal, pues toca a todos los sectores. Además, resultaría inviable presentarse como la alternativa al orden existente sin tener una clara posición frente a la acelerada precarización del trabajo, el desempleo, la privatización del sistema de Seguridad Social y los fondos de pensiones, la tercerización de servicios públicos y la entrega recurrente de los recursos naturales al sector privado. Hay muy poco de alternativo en continuar la tradición de competir señalando los vicios individuales y grupales de otros actores partidarios sin siquiera mirar detrás de las cortinas, donde pequeñas élites se apropian a sus anchas de los bienes y oportunidades de crecimiento del resto de la población.

Aunque las nuevas tecnologías de la información y el avance de los referentes culturales del liberalismo han cambiado profundamente las formas de relacionamiento y la gestión de los intereses ciudadanos (la solución individual por encima de la colectiva), una propuesta alternativa necesita contar con una clara ruta de organización política y electoral, con una visión mínima compartida entre todos sus integrantes, métodos técnicos, científicos y democráticos de abordar la realidad, y, por supuesto, una narrativa o simbología transversal y adaptada a la situación concreta de República Dominicana.

Por supuesto, esa opción política alternativa y popular no bajará del cielo, ni surgirá de manera espontánea un año antes de las elecciones del 2024.

Se requiere de un inmenso y urgente trabajo de reflexión, formación, organización, articulación e incidencia, para cimentar con tiempo las bases de la plataforma y a la vez ir ganando espacio en el imaginario de la ciudadanía.

Sería un camino difícil, lleno de sacrificios y trabajo duro, igual que el camino que han recorrido todos los proyectos transformadores del mundo.