Una propuesta sensata

Una propuesta sensata

El doctor Pelegrín Castillo, diputado de la Fuerza Nacional Progresista por el Distrito Nacional, propuso que el Presupuesto de Educación para el año 2011 equivalga al 3% del PBI, y que en los años venideros se realicen, en favor de ese sector, incrementos anuales acumulativos del 1% hasta alcanzar el 6% del PBI.

De aceptarse la oferta del conocido legislador, en el año 2011, el Ministerio de Educación recibiría 22 mil 250 millones de pesos más que lo contemplado en el proyecto de Ingreso y Ley Gastos Públicos del 2011 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional; y, para el año 2014, la República Dominicana ingresaría al grupo de naciones latinoamericanas cuyos gobiernos invierten lo mínimo necesario para sostener un sistema de instrucción pública pertinente y de calidad.

A la luz de la realidad de los acontecimientos, la propuesta del diputado Pelegrín Castillo nos parece justa. La juzgamos como un gran esfuerzo en favor a la solución al conflicto presupuestario que afrontamos en medio de tantos inconvenientes y de tantas decepciones.

En la página l0ª del periódico HOY, correspondiente a su edición del 22 de noviembre, aparece un amplio reportaje de la periodista Rosa Alcántara sobre un Informe del BID en el que se señala que los recursos que la República Dominicana actualmente invierte en su sistema de instrucción pública son bajos e insuficientes (los más bajos de la América española) para garantizar una educación de calidad.

Muy a pesar del contenido del Informe del BID, don Vicente Bengoa y Albizu, Ministro de Hacienda, estima que es imposible para la Administración del doctor Leonel Fernández formular un proyecto de Ingreso y Ley de Gastos Públicos que contemple inversiones en educación por un valor equivalente al 4% del Producto Bruto Interno o al 16% del Presupuesto Nacional. Así es como reacciona el sabihondo funcionario ante la necesidad que tiene el país de invertir más en educación para afrontar problemas como los de construir y reparar miles de aulas, de formar, capacitar, y elevar el nivel de vida a miles de maestros, y de garantizar el buen funcionamiento de las escuelas públicas. Pero, ¿Qué le vamos hacer? ¿Conformarnos con saber que la “mentada democracia” sólo puede reafirmarse en un clima en el que la discusión, el conflicto y la disputa se constituyan en el pan nuestro de cada día?

Parecería que los de Hacienda no están del todo conscientes de los gravísimos daños que un presupuesto menguado podría causarle a miles de niños y jóvenes que cursan estudios en escuelas y en instituciones públicas de educación superior.

También, parecería que esos sapientísimos caballeros no saben que la escuela dominicana es fundamentalmente pública y que sólo una minoría de hijos de familias pudientes o embulladas asiste a colegios y a universidades privadas.

Dirigentes comunitarios, políticos, religiosos, empresarios, personalidades de la vida pública junto a gestores y expertos en educación no han cesado de exigirle al gobierno de Leonel Fernández que invierta más recursos en educación. Es que no están dispuestos a aceptar, sin protestar siquiera, que el estado de nuestro sistema de instrucción pública siga como está. Ahora, los de Hacienda tendrán que decidirse entre velar por el bien público o seguirse comportando como simples ayudantes técnicos de los expertos de algunas agencias internacionales de ayuda y cooperación, secundados por un coro de los más llamados a exigir el fiel cumplimiento de las leyes.

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