El Poder Legislativo parece no darse cuenta de que está provocando un atentado contra la paz de esta nación. Como una jauría disciplinada de hienas están despedazando la Constitución de la República para adaptarla a sus vicios y preferencias politiqueras. Actúan como si legislaran para un país de esclavos libertos que ni siquiera tiene cadenas con que golpear de vuelta a sus agresores.

Dicen y se contradicen con una facilidad que espanta obedeciendo al fanatismo católico de viejo tipo y a la voracidad impune de sus socios en el Poder Ejecutivo. Mientras, tratan de restarle derechos a un pueblo que nunca ha tenido oportunidad de ejercerlos en paz, sino a golpes de heroísmo.

Ahora bien, se atreven a cometer esos desatinos congresionales al suponer que el pueblo aceptará de forma sumisa las reglas de juego que ellos deforman a diario. O lo que es lo mismo decir, piensan que los ciudadanos están obligados a aceptar todo cuanto ellos dicten sin atreverse a protestar o a rebelarse, según sea el caso. Actúan de manera brutal, tanto por brutos que son como por descarados, sin tomar en cuenta cuál ha sido el destino de desatinos como este a lo largo de la historia dominicana.

Un país de pobres de solemnidad, con una capacidad de aguante indescriptible, tiene límites que ha sabido superar para dar un salto de avance por encima de los tránsfugas y los corruptos. Pueden llegar momentos en los que el único derecho ciudadano que queda es el que cada persona pueda darse por sí mismo. Y entonces es cuando se dan las conmociones sociales que alteran el curso de la historia.

Supongamos que la Constitución fundamentalista creada por la politiquería se apruebe tal cual.

Asumamos que, justo antes de las elecciones de medio término, la sociedad dominicana ponga a prueba lo que los del barrilito han aprobado. Por ejemplo: una mujer embarazada en trance de vida o muerte llega a un hospital y una doctora en medicina, consciente de lo que vale un ser humano, decide provocar el aborto y salvar a esa ciudadana. La Constitución establece ahora que debía ser llevada ante los tribunales para ser condenada.

De seguro que muchos acudiremos al juicio en solidaridad con ella y nos propondremos lograr su libertad de ejercicio profesional científico al hacer una demanda de inconstitucionalidad de esa perversa legislación. Y entonces la Suprema Corte de Justicia o cualquier otro organismo que se haya creado tendría que enjuiciar esto a la vista de toda la nación. Sin esconderse detrás del argumento de la privacidad confesional.

Con este caso, por primera vez, el debate sobre la vida de la madre y de la criatura llegaría al seno del pueblo, con actores y actrices de nombre y de apellido conocidos. Tendríamos entonces un trozo del escenario de la discusión sobre que es, para el pueblo, la vida misma, repudiando la legislación que condena el aborto necesario bajo condiciones seguras y sin poner en riesgo salud y vida.

Supongamos también que esto no suceda una sola vez sino que, simultáneamente, ocurra reiteradamente como forma de expresión popular contra el abuso de un Congreso inmoral y corrupto de barrilitos. Los médicos, tan vapuleados por este gobierno hasta límites extremos, tendrían que ponerse a tono con la realidad y dar el frente para oponerse al despotismo del Congreso y del Poder Ejecutivo. Abogados sobrarían para argumentar los derechos ciudadanos a través de conceptos que ahora no se escuchan en un Congreso despreciable. Y así se iniciaría la batalla de la real discusión popular justo en el período previo a las elecciones de medio término que tanta voracidad y corrupción han despertado. Aceptemos el reto de los corruptos miembros del Congreso que apoyan el reaccionario fundamentalismo católico y demostremos que la politiquería ya no debe seguir orientando malignamente a este país.

Pongamos a prueba lo que esos legisladores han aprobado sin contar con la opinión de la ciencia y la razón. Y asumamos el derecho a la rebelión contra el abuso de legisladores que no merecen representarnos nunca más.