JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Más que vivir de reacciones, en su mayor parte emotivas, que tratan de tapar el sol con un dedo e ignorar realidades reflejadas por todos los medios, los dominicanos y dominicanas tenemos que asumir con profundidad y seriedad el problema de la creciente inmigración haitiana.

Esas reacciones fueron desproporcionadas ante el reportaje de la periodista Ginger Thompson publicado el pasado domingo por el New York Times, a la que de inmediato se le atribuyó el propósito deliberado de desacreditar la nación y hasta se llegó a cuestionar si había visitado el país.

Aunque nos cueste admitirlo hay que decir que ella no podía desacreditarnos en esa materia, porque hace tiempo que carecemos de crédito en la misma, más allá de nuestras fronteras. Por reacciones como esa de ver planes macabros en cualquier cuestión que nos disguste.

El reportaje contenía algunas exageraciones, recogidas por la periodista Thompson, como esa de que donde hubiese dos haitianos debía matarse uno y dos de cada tres.

Pero la mayoría de sus denuncias de persecuciones, asesinatos y violaciones de derechos humanos han sido publicadas por los propios periódicos dominicanos, tal como reseñé en un trabajo publicado en HOY el 8 de octubre pasado bajo el título “Tensión con haitianos en su peor momento”

Para cualquier observador más o menos imparcial es obvio que la opinión pública dominicana está sobrecargada de emotividad frente a la problemática haitiana, que predomina un tono de impugnación, pelea y dramatización y pocos aportes a la búsqueda de soluciones. En algunos casos es notable que hay un incentivo a la confrontación que podría derivar en tragedias que en nada beneficiarán al país ni solucionarán los problemas de fondo.

Tal como lo propuso esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana lo que nos corresponde es analizar el problema de la inmigración haitiana“con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares, de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones”.

Comparto plenamente que nadie está discutiendo el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, “sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia”.

El movimiento cívico, como lo hizo también esta misma semana el Servicio Jesuita para Refugiados e Inmigrantes, plantea la necesidad de “una real política migratoria, de empleos y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas”.

Se reclama la organización de esa inmigración, el prometido censo de los haitianos que residen en el país, el reconocimiento de los derechos de sus descendientes nacidos en el territorio nacional y que han residido por siempre aquí, el establecimiento de cuotas de ingreso, y la repatriación organizada de los que lo califiquen o ingresen ilegalmente.

Pedimos una política de migración, y que construyamos un ambiente de armonía que permita abordar el problema a fondo, con la cooperación de las autoridades de la nación vecina, que seguirá ahí por siempre y con la que estamos obligados a entendernos.

El griterío que hay en el país no contribuye a nada que no sea a desacreditarnos y la tragedia que algunos cultivan sólo servirá para aislarnos más del resto del mundo. Ya es tiempo de que lo entendamos. Es que desarrollemos un espíritu constructivo, creativo, que gritemos menos y tomemos decisiones racionales, ponderadas, sin hipocresías.

Como concluyó Participación Ciudadana: “Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior nos obligan a una mayor serenidad y ponderación en el tratamiento de este complejo problema”.