La participación de militares y policías en actos criminales sale a la luz con preocupante frecuencia y probablemente se está dando en un grado mayor al conocido, pues en ocasiones llega a saberse que los delitos ocurrieron cuando todavía los sospechosos estaban activos. Los reportes oficiales le llegan a la prensa después que se les expulsa por el hecho cumplido. Cada efectiva actuación judicial y policial contra alistados u oficiales que deshonran el uniforme en asociación con delincuentes civiles le indica al país que las autoridades reaccionaron ante los autores de los crímenes sin hacer distinción. El estatus castrense no les sirvió pues para escapar de sus perseguidores de investiduras similares.

Sin embargo, el imperio estricto de la ley requiere que las instituciones velen mejor por las condiciones morales y profesionales de sus miembros. Cuando un cuerpo armado, de defensa u orden público, bota integrantes por delinquir es porque falló la verdadera y conveniente depuración. Esa que debe ocurrir antes del acto reñido con la ley. Los delincuentes que se amparan en las inevitables  ventajas que dan los rangos constituyen un peligro mayor para la sociedad que los que no los tienen. Se entiende que las llamadas   “limpiezas”  deben consistir  en estrictas auscultaciones de los perfiles de conducta  de los individuos, lo que en muchos casos  permitiría conocer de lo que serían capaces.  

Dudas sobre un acuerdo de venta

Con anterioridad e insistencia, sectores de opinión hicieron objeción a la venta a Venezuela del 49% de las acciones de la cien por ciento estatal Refinería Dominicana de Petróleo. Sin embargo el gobierno expuso con transparencia  los beneficios que a la vista derivaría la nación de ese paso. De manera sorpresiva, y cuando se creía que el traspaso era inminente, el propio ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez informó de una marcha atrás, decisión  que no había sido comunicada de manera formal al Estado dominicano, por lo menos  hasta ayer.

Los  motivos del cambio no son claros aunque algo se intuye a partir de  la experiencia de que en ocasiones  anteriores el suministro petrolero venezolano al país se interrumpió con indicios de que la política exterior de Caracas a veces subordina las estrategias de mercado. Es hora de reflexionar sobre la conveniencia de insistir en compartir la propiedad de Refidomsa con otro gobierno.