La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un pacto que sirva de marco a una restructuración fiscal integral.

Ese pacto debería abordar el esquema salarial del gobierno, con miras a mejorar la equidad en las remuneraciones y aumentar las perspectivas de sostenibilidad macroeconómica a mediano plazo.

La propuesta de Ley de Salarios para el Sector Público, sometida al Congreso Nacional con la intención de corregir brechas y distorsiones salariales, transparentar las remuneraciones recibidas por los servidores estatales y racionalizar el pago de recursos humanos, podría ser un primer paso de importancia en esa dirección.

La propuesta. El objetivo de la propuesta de ley es lograr un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado, a través de un régimen de prohibiciones, incompatibilidades y sanciones. Con la aprobación de la Ley, ninguna entidad pública podría incrementar la remuneración o beneficios de sus directivos, a menos que sea para un período posterior al que fueron electos o designados.

Asimismo, ningún cargo del sector público podría devengar un salario mayor al del titular de la institución para la que labora. En consecuencia, ningún salario del Estado podría sobrepasar al del Presidente, y el salario de asesores especiales, personal de confianza y asistentes especiales de ningún modo podría superar el de un vice ministro o subdirector general.

Tras la puesta en vigencia de la Ley, toda institución pública estará obligada a publicar mensualmente su nómina. Los gastos de representación de los funcionarios no podrán exceder de 15 por ciento del salario, y deberán usarse sólo para fines relacionados con el cargo.

Los funcionarios del Estado no podrían tener participación en empresas que tengan convenios o contratos de cualquier naturaleza con el sector público. Mediante la Ley, quedaría también prohibido la asignación y el uso de tarjetas de crédito por parte de funcionarios, excepto en pocos casos especiales.

Empleos y salarios en el sector público. Pongamos la propuesta de Ley en contexto. El Estado dominicano tiene alrededor de 450 mil empleados fijos, distribuidos entre el gobierno central (358 mil), entidades descentralizadas (26 mil) y el resto en los gobiernos municipales (54 mil).

El empleo público representa alrededor de 13 por ciento de la población ocupada del país. Los gastos en salarios y sueldos representan alrededor de 23 por ciento del gasto total del gobierno central y 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Primera pieza de un pacto fiscal. Es evidente que una mayor racionalidad del gasto en ese ámbito tendría repercusiones notables sobre las cuentas públicas y sobre el funcionamiento de la economía.

La propuesta de Ley de Salarios Públicos tiene aspectos claramente positivos (como el control de los beneficios marginales de los altos funcionarios, la eliminación de ingresos por participación en consejos directivos y la homogenización de puestos y salarios). Además, la Ley debería dar vida al mandato constitucional, según el cual cada Ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los vice ministros que se considere necesario para el despacho de sus asuntos.

La estructura actual tiene 19 ministerios, pero se estima que hay alrededor de 21 Secretarios sin Cartera, 214 viceministros y 145 Sub Secretarios sin Cartera.

Otros aspectos, como establecer el salario de un directivo como un tope a los salarios de sus subordinados al margen del perfil de los mismos, podrían ser más discutibles, porque podrían impedir la contratación de técnicos con alto valor de mercado. Un reto de la normativa seria lograr mayor control, racionalidad y equidad, sin convertirse en un desincentivo para la atracción de buenos profesionales al sector público.

El mayor reto, sin embargo, sería desarrollar mecanismos apropiados para que la Ley no se convierta en letra muerta, una vez aprobada. Eso solo podrá ser logrado si la aprobación de la propuesta es parte de un pacto fiscal basado en el consenso y complementado por mecanismos de monitoreo y seguimiento.

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Letra muerta

El mayor reto, sin embargo, sería desarrollar mecanismos apropiados para que la Ley no se convierta en letra muerta, una vez aprobada por las cámaras legislativas. Eso solo podrá ser logrado si la aprobación de la propuesta es parte de un pacto fiscal basado en el consenso y complementado por mecanismos de monitoreo y seguimiento.