El pasado lunes 7 de octubre, el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunció al país el proyecto de Ley de Modernización Fiscal. El Gobierno busca eficientizar el gasto público y, a su vez, aumentarlo en áreas puntuales para el desarrollo, como el mejoramiento de los servicios públicos, el robustecimiento de las redes de protección social y el aumento del gasto de capital para mejorar la infraestructura del país, lo cual será vital para atraer inversión extranjera y mejorar la productividad. Además, es importante mantener la estabilidad macroeconómica reduciendo el endeudamiento. En lo que concierne a la estabilidad macroeconómica, la población en general dice que con eso no se come, pero sin estabilidad macroeconómica no hay crecimiento económico y, por ende, no habrá empleos de calidad ni un mejoramiento sustancial de la calidad de vida. Por tal razón, hay que cuidar, como el pétalo de una rosa, la estabilidad macroeconómica de la nación.

Desde nuestra óptica, entendemos que esta reforma es políticamente correcta, no solo por mejorar la salubridad de las finanzas públicas, sino porque los sectores que ejercen mayor peso político, tanto en la construcción de la narrativa de opinión pública al estilo gramsciano como en los procesos políticos electorales, que pueden generar mayores reyertas sociales, están, de cierto modo, protegidos por la reforma. Además, la reforma es de baja intensidad, pues solo se estima que el Estado dominicano recaudaría tan solo un 1.5 % del PIB, o RD$122,486.6 millones, y quienes conocen a fondo los problemas estructurales que tiene el país saben que ese monto no es suficiente para resolver el problema de una vez por todas.

Por ejemplo, los sectores sociales más vulnerables estarían prácticamente blindados ante las externalidades negativas que pudiese generar la reforma, ya que con el fortalecimiento de las redes de protección social estarían bien protegidos. En el eje social de la reforma se contempla aumentar la asignación del programa Aliméntate en un 21%, aumentar el salario mínimo del sector privado no sectorizado, y aumentar el salario mínimo del sector público de RD$10,000 mensuales a RD$15,000 mensuales. En el aspecto tributario, la clase media y clase media baja no estaría directamente perjudicada, ya que las pocas personas físicas que se dedican al ejercicio profesional independiente en esos segmentos no estarían sujetas al anticipo, ni los que poseen microempresas. De igual manera, aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas verán que el anticipo será calculado en base al 40 % y 60 % de los ingresos del período, respectivamente. En cuanto al aumento del impuesto sobre la renta a las personas físicas, de 25 % a 27 %, para aquellos que devengan salarios anuales de poco más de RD$2,400,000, que equivale a RD$200,000 mensuales, ese segmento está mayoritariamente conformado por la clase media alta, que representa solamente un 1 % de la población.

Los sectores de clase media y media alta podrían esgrimir el argumento de que su presión tributaria es mayor que la del resto de la población en cuanto al porcentaje de sus ingresos, ya que ellos no utilizan los bienes ni servicios públicos por su baja calidad. Sin embargo, el segundo eje de la Ley de Modernización Fiscal contempla un mayor programa de inversión pública y mejoramiento de los servicios públicos, como transporte, servicio eléctrico, seguridad ciudadana y atención primaria de salud. Al mejorar la calidad de estos servicios, se generarán externalidades positivas a nivel de ingreso para estos sectores más afectados, ya que su ingreso disponible aumentaría por la utilización de estos bienes y servicios públicos. De igual manera, la ley plantea un aumento en el gasto en infraestructura, que históricamente ha sido bajo en la República Dominicana. Esto no solo mejorará las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que también facilitará el crecimiento económico a largo plazo al mejorar el acceso y la calidad de los servicios.

Uno de los pilares fundamentales de esta Ley de Modernización Fiscal es la simplificación y progresividad. Muchos ciudadanos se han quejado, por distintas vías de comunicación, de que la reestructuración del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) establece que el mínimo exento quede fijado en el valor equivalente a una vivienda de bajo costo, que equivale a RD$5,025,380.75. De acuerdo con el informe económico para América Latina y el Caribe que publicó el Banco Mundial a mediados de esta semana, los países de América Latina y el Caribe apenas recaudan el 2 % de sus ingresos tributarios provenientes de los impuestos de propiedad. En el caso de la República Dominicana, solo se recauda un 0.2 % por concepto de este impuesto. Sin embargo, ese mismo informe señala que el 80 % de la riqueza de América Latina y el Caribe se concentra en propiedades inmobiliarias e incluso entre el 10 % más rico de la región. Por consiguiente, no solo para la región sino para la República Dominicana, este es el impuesto por excelencia para cerrar la brecha de la desigualdad económica, porque es un impuesto fácil de cobrar en comparación con los activos financieros. Además, tanto en la región como en la República Dominicana, hay pocos multimillonarios en dólares (miles de millones de dólares en fortunas) para implementar un impuesto a la riqueza que resuelva el problema fiscal. Si se logra seguir profundizando el cobro del impuesto a la propiedad y a la riqueza de los individuos más acaudalados que transfieren sus riquezas a paraísos fiscales y activos financieros, con una coordinación amplia entre autoridades tributarias a nivel global, estos impuestos podrían contribuir, en promedio, al 3 % del PIB en términos de ingresos tributarios para la región, según señala dicho informe.

En ese mismo tenor, la Ley de Modernización Fiscal busca fomentar la inversión y atacar de manera eficiente la evasión. La ley incluye incentivos para atraer inversiones, lo cual es crucial para estimular el crecimiento económico. Al racionalizar los incentivos y las exenciones fiscales, se busca crear un entorno más propicio para la inversión, tanto nacional como extranjera. En cuanto a la reducción de la evasión fiscal, la Ley de Modernización Fiscal establece medidas orientadas a perseguir el delito tributario y mejorar la recaudación. Se espera que la ley ayude a reducir la evasión fiscal, garantizando que todos los contribuyentes contribuyan de manera justa al financiamiento del Estado.

Entendemos que, en cuanto al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, deben ser considerados. A pesar de que su consumo debe ser gravado por las externalidades negativas que genera en cuanto a la salud se refiere, no es menos cierto que su impacto en la elasticidad de la demanda sería significativo e impactaría en las recaudaciones. Mientras más suben los precios, los consumidores son más sensibles a esos cambios y, por ende, buscan bienes sustitutos. Esto trae como consecuencia una reducción de la producción de ese bien en particular. Después de la reforma tributaria de 2012, el mercado formal de ron se redujo en un 30 % como consecuencia de dicha reforma. De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre 2012 y 2020, el volumen anual de producción de ron se redujo en 2.5 millones de litros, mientras que el resto de las bebidas alcohólicas incrementó su volumen en un 18 %. Esto ha dado lugar al surgimiento de un mercado informal de ron que amenaza la salud de la población y una industria vital para el desarrollo nacional, como lo es el turismo, como se evidenció en el año 2019 por las muertes por intoxicación de alcohol en varios hoteles del país.

Finalmente, la Ley de Modernización Fiscal de la República Dominicana presenta una serie de aspectos positivos que no solo buscan mejorar la capacidad fiscal del gobierno, sino también fomentar la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos públicos. Con un enfoque en el aumento de la recaudación y la inversión en infraestructura y programas sociales, esta ley tiene el potencial de generar un impacto positivo significativo en el bienestar de la población y el desarrollo económico del país a largo plazo.