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Conocido finalmente en los detalles que permitirían pronosticar sus resultados, el proyecto de modernización fiscal introducido al Congreso por el Poder Ejecutivo es recibido con preocupantes reservas por sectores productivos y estratos sociales e incluso con vaticinios de considerables impactos negativos; capaz, por la forma en que está siendo calificado de espantar capitales del turismo y disminuir severamente la competitividad para las zonas francas con estas situadas actualmente en la más alta calificación en este continente. Si se le ve como una amenaza a la triunfal marcha que ha caracterizado a la industria de sol y playa hasta ahora y si los industriales organizados detectan en la propuesta un pronunciado sesgo en contra del valor que ellos agregan a la economía nacional, habría que temer que se trata de un paquete al que falta mucha optimización para que encaje en la realidad dominicana. Pronosticado con tensiones por lo que sería su advenimiento, pero admitido como imprescindible para que el país siga adelante, las insatisfacciones ipso facto disparan un pesimismo desconcertante.
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Una República que a pesar de los desequilibrios presupuestales con altos niveles de gasto público sin garantías de calidad y riesgoso endeudamiento ha experimentado un crecimiento con estabilidad institucional y ahora ve estallar el miedo sobre el futuro inmediato lo que llena de urgencia conciliar posiciones para que la Reforma Fiscal resulte una herramienta para el desarrollo equitativo y que renazca la esperanza.
