JEFREY LIZARDO
La vida saludable es uno de los requisitos fundamentales del desarrollo humano y del bienestar. Tan importante, que se constituye en un fin en sí misma, y una condición necesaria para que las personas puedan desempeñarse productivamente, estudiar, entretenerse y aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno. Es por eso que enfermarse tiene un impacto muy negativo en las personas y en los hogares.

La enfermedad deteriora la capacidad productiva de los países, los hogares y las personas. Adicionalmente, exige una respuesta financiera, en la medida de que los eventos de salud se hacen cada vez más costosos.

Los Estados en su interés de impulsar el desarrollo humano, preservar la salud y proteger financieramente a los hogares y las personas, garantizan los servicios de atención en salud, mayormente de manera gratuita. Los arreglos institucionales se diferencian de país en país y su efectividad y alcance van a depender del modelo organizacional y los recursos financieros, humanos y físicos. Si el gasto en salud es bajo y los servicios de salud públicos son limitados y de baja calidad, los hogares y las personas tendrán que financiar sus gastos de salud. La financiación en salud va a depender de la capacidad fiscal de los Estados y por ello es cada vez más frecuente la introducción de mecanismos de financiación que involucre a las empresas a través de las cotizaciones a la seguridad social.

En la República Dominicana los hogares financian el 52% del gasto total en salud, que según estudios recientes de la CEPAL, es el más alto de toda América Latina y el Caribe. El Gobierno financia el 28% del gasto total en salud, las empresas el 18% y la cooperación internacional el 2%. Esta situación tiende a ser muy inequitativa en la medida de que son los hogares más pobres los que destinan más recursos de sus propios bolsillos a salud. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta ENDESA del año 2002, un hogar pobre destinó un poco más del 11% de sus ingresos para cubrir los costos asociados a una consulta ambulatoria cuando algún miembro se enfermó y 72% de sus ingresos en gastos de internamiento. Esa misma encuesta revelaba que tan sólo dos de cada diez dominicanos tenía un seguro de salud, lo que en la actualidad no necesariamente actúa como un instrumento para proteger financieramente a los hogares, debido a las exclusiones y a las ausencias de topes en los copagos. Por su parte, tradicionalmente el gasto público en salud ha sido muy bajo en el país, situándose por debajo del 2% como porcentaje del PIB, también uno de los más bajos de la región de América Latina y el Caribe.

La reforma de la seguridad social del año 2001 busca cambiar radicalmente la situación descrita anteriormente: que los hogares y las personas gasten menos en salud y que el Gobierno y las empresas aumenten su financiamiento en salud. El Gobierno a través del financiamiento del aseguramiento a la población pobre y parcialmente de la población trabajadora en el sector informal, y las empresas a través de las cotizaciones a la seguridad social. Ya el Gobierno destina adicionalmente 1,566 millones de pesos mensuales para una meta de aseguramiento de un millón de pobres hacia finales del año. Ahora, con la entrada en vigencia del seguro familiar de salud en el régimen contributivo, a partir del 1 de septiembre de este año, le tocará el turno a las empresas. Se espera que a partir de esa fecha, los empleadores (todos los empleadores, incluyendo el Gobierno y las instituciones autónomas y descentralizadas) contribuyan mensualmente con alrededor de 600 millones de pesos o 7 mil millones al año. Indudablemente que esto redundará en el alivio de los bolsillos de los hogares y las personas.