Una resolución grosera

La Comunidad del Caribe (Caricom) ha destapado su mal disimulada ojeriza al ingreso de la República Dominicana a esa alianza. Y lo ha hecho a través de un acto grosero. La resolución de Caricom contra la sentencia TC/0168/13 ignora que el Estado dominicano puede disponer los requisitos necesarios, siempre que no violen derechos, para que un extranjero adquiera la nacionalidad. Ese precepto de derecho internacional ha sido reconocido, a propósito de la sentencia, por la ONU y la Unión Europea, para citar dos ejemplos.

Un traspié de Caricom, imposible de ocultar, es que al emitir la resolución que bloquea la solicitud de ingreso de la República Dominicana a ese bloque, como sanción por un ejercicio de soberanía, la alianza caribeña navega contra la corriente integracionista latente en América y el resto del mundo, y que promueve, con mayor fuerza cada vez, la formación de alianzas de naciones para el comercio, la cooperación, la mitigación de desastres y la promoción del desarrollo. Además, frustró el diálogo entre haitianos y dominicanos.

Y la resolución está viciada de prejuicio. Caricom ni siquiera se preocupó por saber cuál sería el proceso de aplicación de la sentencia y cómo serían garantizados los derechos de los inmigrantes. Tampoco revisó cuán rígidas son las normas de extranjería que rigen en cada uno de sus países miembros.

Hasta las últimas consecuencias

El caso de los medicamentos no aptos para el consumo humano vendidos a Promese es de tal gravedad que ha obligado a paralizar la recepción y el despacho de fármacos de ese organismo. Una cantidad indeterminada de fármacos vencidos y re-etiquetados componen el inventario de esta operación dolosa, de la cual las autoridades acusan, hasta el momento, a un dirigente político.

La situación podría entorpecer por algún tiempo el abastecimiento de medicamentos a hospitales y farmacias del pueblo. Los daños a pacientes no han sido cualificados ni cuantificados aún, pero se estima que son altos los riesgos para la salud de quienes hayan utilizado estos fármacos. La magnitud del caso obliga a que las autoridades lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias, procurando detectar más ramificaciones y responsabilidades para canalizar el caso ante la justicia, y de una vez por todas se libre al mercado de estos fraudes.