Los servicios de emergencia de clínicas y hospitales, y la mayoría de las intervenciones quirúrgicas a nivel nacional, están expuestos a continuas urgencias de aplicar transfusiones a pacientes, eventualidades infaltables para las que debe existir un aprovisionamiento de seguridad y permanencia de reservas de la sangre.
El Hemocentro Nacional, de corta existencia todavía, y que se dirige hacia una plenitud de capacidad para dar respuestas a tan cruciales necesidades, significa mucho para este país. Está concebido para depender del sentido de solidaridad y desprendimiento de los ciudadanos. En la base de la pirámide en que consiste este medio de protección que ha de garantizar dosificaciones del fluido primordial para imprevistos han de estar los donantes voluntarios.
La nobleza de propósitos obliga a que la sangre sea tratada como mercancía. Es un tejido líquido para hacer patente el amor al prójimo a ser acopiado desde seres humanos que reúnan condiciones orgánicas favorables, y hasta morales, que los haga aptos para dar de sí.
De ellos se esperan aportes que pueden resultar la diferencia entre vivir o morir, un dilema al que se puede arribar sin previo aviso, y hasta estando en buenas condiciones físicas, en un país en el que los accidentes de tránsito son de espantosa frecuencia y la violencia social y delictiva son cotidianas.
La enajenación de lo público
Las autoridades policiales, judiciales y ambientales deben erigir una barrera infranqueable de protección a extensiones de terreno que son patrimonio público, riqueza de la nación con unos contenidos de recursos naturales a ser preservados para el equilibrio ambiental o para cualquier otro fin social legítimamente trazado desde el Estado.
Tienen pues un solo y verdadero dueño que es la nación. Ningún particular debe apropiarse codiciosamente de porción alguna como si no hubiera autoridad en este país para impedirlo.
El cercado a que se recurre para transferir abruptamente a lo privado una zona de rica diversidad en la provincia de San Juan, debe ser desmontado en nombre de la ley y del interés nacional. Las invasiones que dan impropio destino a terrenos de utilidad pública deben castigarse.