El gobierno se ha retractado del anunciado Acuerdo Transaccional que pactó  con  litigantes de terrenos registrados en las inmediaciones de la reserva ecológica Bahía de las Águilas,  un convenio que liberaría tales inmuebles de los obstáculos legales que impiden el inicio de un Plan de Desarrollo Turístico para las provincias del Suroeste, sin afectar los parques nacionales Jaragua y Bahoruco.   La transacción, sugerida por una comisión ministerial del gobierno, implicaba que los poseedores de las apropiaciones registradas, contra quienes el Estado mantiene un litigio desde hace 16 años señalándolos como usurpadores,  constituirían un fideicomiso mediante el aporte a una entidad fiduciaria de los títulos supuestamente obtenidos de forma fraudulenta.  A cambio, el Estado desistiría de su demanda y otorgaría el 45% del precio inmobiliario a los demandados. La declaración revocatoria del gobierno reitera que la susodicha negociación “era una solución rápida e institucional para solucionar lo que podría tardar (en los tribunales) un tiempo preciado en resolverse”. Sin embargo, resalta que la transparencia en las transacciones del Estado y el respeto a la Constitución han de primar en cada decisión del Presidente Danilo Medina.  “Los bienes y recursos de la República jamás serán explotados ni negociados”, acotó.

Es obvio que la reacción airada de la opinión pública influyó decididamente el cambio de parecer del gobierno, especialmente la enjundiosa carta pastoral emitida la víspera por los obispos exhortando a los poderes del Estado a defender el patrimonio nacional y los recursos naturales.

No obstante, creo arriesgada la anulación, pues entraña que el Presidente Medina puede cambiar de opinión rápidamente al socaire de presiones mediáticas, callejeras o de sectores poderosos. A los depauperados habitantes del Suroeste les aguarda una larga espera. Si la transacción era una solución institucional –como dice el gobierno- ¿por qué revocarla?