Una de las virtudes de los tratados comerciales internacionales es el énfasis que hacen en la necesidad de simplificar y agilizar los trámites para facilitar el intercambio comercial. Con apego a esa exigencia, la República Dominicana ha avanzado notablemente para facilitar el comercio de la manera que está pautado en los tratados de que es compromisaria. Pero esto, que ha sido regla en muchos aspectos, tiene una excepción que sigue siendo retranca para las inversiones, sean locales o foráneas.
La burocracia excesiva y parsimoniosa de la jurisdicción inmobiliaria sigue siendo un gran obstáculo para la inversión, sobre todo la que se enfoca en las zonas de desarrollo turístico, un ámbito de mucho interés para el país. En esas condiciones, no hay manera de que los procesos fluyan con agilidad razonable, y esto causa alejamiento y frustración de la inversión. Son muchos los proyectos que, por esa causa, duermen el sueño eterno en su carpeta de intención.
Los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Agrimensura (APPA) expusieron esta preocupación ayer en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, al que asistieron como invitados. Un país que tiene la inversión extranjera entre sus objetivos de desarrollo, no puede permitir que persistan las trabas burocráticas en áreas tan sensibles como la jurisdicción inmobiliaria.

Las cuentas municipales

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha lanzado un alerta que parece tener el claro objetivo de disminuir la posibilidad de que en algunos gobiernos municipales se haga uso indebido de recursos financieros y bienes muebles e inmuebles de propiedad pública. Su advertencia parece basada en el hecho de que el 16 de agosto se producirán cambios de autoridades en muchos municipios en los cuales las autoridades no lograron la reelección.
Creemos que la Cámara de Cuentas debería tomar cartas en atención a ese llamado. Un vicio frecuente entre los ayuntamientos es no rendir en los plazos que manda la ley las cuentas de sus ejecuciones. Por tanto, no están de más las precauciones que sugiere el procurador general en aras de la transparencia.