A partir del 2013, cuando  el Ministerio de Educación contará  con un presupuesto equivalente al 4% del PIB, deberá comenzar en la enseñanza pública una verdadera revolución. A partir de entonces deberán cesar situaciones como las que afectan a numerosos planteles escolares en comunidades de todo el territorio nacional, en los que faltan cosas elementales para impartir docencia.

Por ejemplo, no habrá manera de justificar que en la  escuela  básica Yohanny Alcántara,  en  Villa Linda de Pantoja,  Los Alcarrizos, haya cuatro maestros para 400 estudiantes en la tanda matutina y que conserjes y otros empleados tengan que  impartir docencia por falta de maestros. Y tampoco se justificará el caso del  liceo Osvaldo Bazil, también en Pantoja, que tiene cuatro maestros y 366 estudiantes. En ninguno de los dos casos puede garantizarse calidad aceptable de la enseñanza.

Lo que debe venir para la educación tendrá que  parecerse mucho a una revolución que ponga énfasis en dotar a las escuelas de maestros en número suficiente y bien preparados, así como equipos y todo lo necesario para garantizar aprendizaje. Se aspira a que la asignación del 4% del PIB a la educación produzca un salto cualitativo notable en la enseñanza, a partir de que vayan desapareciendo situaciones deprimentes como las que hemos citado como ejemplo.

Desmontando privilegios

La derogación de la resolución de la Superintendencia de Bancos que autorizó las pensiones del que fuera  su ejecutivo principal,  Haivanjoe Ng Cortiñas, y de otros 49 funcionarios del mismo organismo,  envía una  clara señal de lo que deberá ocurrir con otras pensiones privilegiadas, algunas de las cuales se pagan a gente que aún está activa en funciones de la administración pública. Por cierto, Ng Cortiñas fue destituido anoche del cargo de contralor general.

Ahí está como ejemplo el caso  reseñado ayer por el matutino Diario Libre, de  seis ex miembros de la JCE que cobran pensiones del Estado a pesar de que ocupan  cargos en la administración pública. En cambio, a humildes obreros que trabajaron para el  CEA y ahora trabajan en el Estado se les regatea la pensión que les corresponde por el IDSS porque están activos  en la nómina pública. Con esa derogación se ha dado un paso hacia la transparencia.