Según la Constitución, en su artículo 61, toda persona tiene derecho a la salud integral y el Estado debe velar por ello, procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.

Además, mediante legislaciones y políticas públicas, debe garantizar el ejercicio de estos derechos a la población de menores ingresos y prestar protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables.

En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo quedó consignado que para 2020 el gasto en salud representaría un 4% del PIB. Por si fuera poco, en el 53º.

Consejo Directivo de la OMS para las Américas, reunido en Washington, D.C., del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, se aprobó por decisión unánime la “Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”, señalando como referencia un gasto público en la salud de 6% del PIB, lo cual compromete internacionalmente al Estado dominicano.

Curiosamente el gasto total en salud en República Dominicana está en torno al 6% del PIB. Pero, en línea con el modelo neoliberal impuesto mediante la Ley No.87-01, basado en el ciudadano-cliente y el “sálvese quien pueda y como pueda”, la mayor parte de este dinero no se materializa en inversión pública para servicios suficientes, dignos, de calidad sin distinciones y con condiciones laborales decentes.

El gasto directo del gobierno es apenas un 1.2% del PIB y el resto se aglutina de manera cada vez más marcada en el aseguramiento y el gasto de bolsillo para una salud convertida en mercancía (2% y 2.6% del PIB, respectivamente).

Esto se traduce en un sistema no orientado al desarrollo de una población sana, sino en un modelo reactivo, curativo y de lucro en base a la enfermedad.

La segregación en seguros pagados y seguros subsidiados rompe con los principios básicos de igualdad y de derechos.

La salud se vuelve mercancía y privilegio. El monto dispersado per cápita en el régimen contributivo es tres veces mayor que el destinado al régimen subsidiado: RD$1,038.40 vs. RD$220.38, y en este último ya hay más de 3.7 millones de personas afiliadas.

La oferta de política pública ahora es seguir la senda de la llamada “cobertura universal en salud” según el Banco Mundial y organismos similares: la carnetización universal inyectando más dinero al aseguramiento segregado de la mayoría de la gente, en lugar de financiar adecuadamente los servicios.

Como si esto no bastara, el 48% de los pagos realizados por el régimen subsidiado va a prestadores y oferentes privados en detrimento de los públicos.

Es decir, los recursos públicos puestos por todos no sólo se convierten en meros carnet en lugar de servicios garantizados, sino que también contribuyen al deterioro del sistema público y es la última parte de la correa de transmisión de riqueza social al lucro privado.

Como es lógico, el 93% del dinero del régimen contributivo va a prestadores particulares.

Los servicios públicos sobreviven con migajas, como paliativo para curar los enfermos que el mercado no quiere, en una pendiente hacia el abismo.

Por el lado de las ARS privadas, en los últimos 13 años sus gastos operacionales (no de salud) y beneficios netos superaron los RD$58,000 millones; solo en el año 2019 gastaron y ganaron por estos conceptos la suma de RD$6,149 millones.

En el periodo de enero a marzo 2020 las ARS privadas obtuvieron beneficios por el “plan básico” y otros planes que ascendieron a RD$870,000,000, obtenidos de las cotizaciones de empleados y empleadores, y queda por saber cuánto han obtenido durante los meses de estado de emergencia, donde además el Estado les ha asegurado cubrir los “excesos” en cobertura para enfermos de COVID-19, usando dinero del Sistema de Seguridad Social.

En un país como el nuestro, el mandato de la Constitución es tener salud integral primero que nada promoviendo, previniendo y desarrollando una ciudadanía sana, y tener todo lo necesario para curar cuando la enfermedad aparece.

Proteger a la “población de menores ingresos” y “sectores vulnerables” no es un complemento: significa dar acceso a la inmensa mayoría de la población compuesta por más de la mitad de quienes trabajan en la informalidad y el 60% de quienes trabajan formalmente y cotizan en la Seguridad Social con un salario no mayor a 17 mil pesos.

Necesitamos rescatar y fortalecer un sistema de salud pública robusto, digno, de calidad, financiado correctamente, desde el primer al tercer nivel, que garantice derechos universales, canalizando los recursos necesarios, y una oferta privada que esté obligada a respetarlos y una verdadera libertad de mercado, en vez forzar a la gente a entregarles su dinero para luego acumular gastos propios y ganancias exorbitantes mientras niegan servicios, medicamentos e imponen sus reglas en pos de intereses particulares.