La recomendación más sana que se le puede hacer al Gobierno en estos momentos de crisis financiera en la economía más vigorosa del planeta es que manejemos con cautela el gasto público y nos preparemos para la influencia que aquel descalabro pudiera tener sobre nuestra economía. El sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y personalidades independientes han estado sugiriendo al Gobierno una política económica con esa orientación, pero la respuesta indica que la tendencia es en sentido contrario. A partir del 16 de agosto pasado, las designaciones de funcionarios revelaron que en vez de reducción hay aumento del gasto público.

En Estados Unidos, la quiebra de Washington Mutual, otro de los grandes bancos del sistema financiero de ese país, marca un agravamiento de la crisis. Nosotros, en cambio, nos comportamos como si nuestra economía tuviera la autonomía suficiente para no ser afectada por esos acontecimientos. Desde que empezó la crisis en Estados Unidos hasta la fecha no hemos visto ninguna disposición que indique que nos estábamos preparando para una situación que se agrava. La coyuntura política en Estados Unidos, con elecciones presidenciales a la vuelta de unas semanas, podría colocar la crisis en la cesta de las armas políticas y  retardar la solución. Aquí, insistir en que se reduzca el gasto público es la más sana insistencia.

Un tercio de hambrientos

Si un país tiene un tercio de su población subnutrida, o sencillamente con hambre, ese es sin duda un país pobre. Y si el mismo país tiene un tercio de sus habitantes en esa condición, pero al mismo tiempo se ufana de crecimiento económico, entonces ese país es en extremo injusto y precursor de inequidad y marginación social, y carece de políticas adecuadas para revertir este cuadro tan desventurado.

La afirmación de que tenemos una tercera parte de subnutridos o hambrientos no es nuestra, sino del representante local de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Héctor Mata, basándose en un reciente informe de ese organismo. Hay que luchar porque índices como éste tengan otras proporciones, y para eso hay que desarrollar planes y trazar políticas que garanticen no solamente la producción y disponibilidad de alimentos, sino fundamentalmente el poder económico para adquirirlos.