Hoy 
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El caso Baninter, uno de los mayores fraudes bancarios de la historia, seguirá pendiente de dilucidar al menos hasta que sea conocido en apelacion, ya que la sentencia en primera instancia emitida el domingo 21 de octubre es un amasijo de concesiones para, contradictoriamente, complacer a múltiples actores.
La sentencia no ha satisfecho plenamente a ninguna de las partes, pero hasta los abogados del principal acusado y condenado a 10 a;os de cárcel y una indeminizacion sobre 64 mil millones de pesos (casi 2 mil millones de dólares) se han considerado gananciosos, ya que su cliente fue generosamente liberado de los dos cargos más graves.
Tanto los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, como los de los principales procesados han adelantado su decision de apelar la sentencia, pero aun se ignora si lo hará el ministerio público, atrapado en contradicciones políticas y señalado como partidario de concesiones a los acusados.
Rechazo generalizado
Salvo Vivian Lubrano, reconocida como «la más exitosa ejecutiva» del quebrado Banco Intercontinental, y Jesús Troncoso Ferrúa, favorecido por tecnicismos judiciales desde la instrucción del caso, que resultaron absueltos, ninguna de las demás partes del proceso ha resultado satisfecha con la sentencia.
En la opinión pública prevalece el criterio de que el tribunal colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional no quiso herir mortalmente a nadie ni dejar mal parada la nación ante organismos internacionales y dictó una sentencia contradictoria que algunos califican impropiamente de salomónica.
En el dictamen hay complacencia pero no la sabiduria del bíblico rey Salomón, pues las contradicciones y las desproporciones saltan a la vista de cualquier aficionado a las disciplinas jurídicas, hasta el grado de debilitar aun más el sistema judicial, como lo planteó el licenciado Francisco Domínguez Brito, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y exprocurador general de la República.
«Técnicamente no me parece coherente. Parece contradictoria y la impresión es que lo que se persigue es dejar satisfechas a todas las partes», dijo a HOY el jurista y senador por Santiago, quien a la vez consideró que la sentencia «puede prestarse a serias confusiones», por lo que la Corte de Apelación «tendrá una gran responsabilidad jurídica de aclarar las dudas».
Aunque dos de los principales acusados fueron condenados a 10 años de cárcel, y el presidente del quebrado banco a una indemnización de 64 mil millones 262 mil pesos, desde el primer momento los abogados de la parte civil constituida denunciaron la contradicción de que al mismo tiempo el señor Ramón Báez Figueroa fuera liberado de los principales cargos de abusos de confianza y lavado de activos, mientras Luis Álvarez Renta, quien no era ejecutivo del banco y era procesado como cómplice resultó sancionado por lavado de activos y condenado a la misma pena de cárcel, aunque los beneficios irregulares por los que se le sanciona eran infinitamente menores. Tal vez para no chocar con el juez que en Florida ya lo condenó por ese delito.
Eric Raful, abogado de Álvarez Renta, al anunciar que recurrirán el dictamente que calificó como político, resaltó la desproporción en las penas y la contradicción de que a su cliente se le condenara por lavado de activos mientras se liberaba del mismo cargo al presidente y al ejecutivo del banco que entregaron los fondos del lavado.
Esa contradicción fue caricaturizada genialmente por el reputado jurista santiagués Ramón Antonio Veras, quien tras considerar la sentencia como un triunfo de la corrupción y una burla al pueblo, ironizó que «el dueño de la batea fuera considerado inocente del lavado que en ella se hacía».
Fruto de incoherencias
La sentencia del caso Baninter es el fruto de una serie de incoherencias que marcaron el proceso desde su comienzo con el gobierno dividido y jerárquicamente inclinado hacia los principales acusados del fraude que costó al Banco Central unos 74 mil millones de pesos, en asistencia para evitar la quiebra y posteriormente en un discutido como ilegal pago de la totalidad de los depósitos perdidos.
El presidente Leonel Fernández Reyna fue de los primeros en visitar a Báez Figueroa cuando fue apresado en mayo del 2003, tras acusársele del enorme fraude y a lo largo de la campaña que lo retornó al poder insistió en que fue el gobierno de Hipólito Mejía quien provocó la quiebra del Baninter y de los otros dos bancos que le siguieron.
Aun después de volver al poder el doctor Fernández insistió en la implícita defensa de los banqueros, bajo la tesis de que lo que hubo fue mal manejo de la economía.
En diversos sectores se expresó preocupación en agosto del 2006 cuando Domínguez Brito, quien había defendido el procesamiento fue electo senador y tuvo que abandonar la Procuraduría General, siendo sustituido por el actual incumbente Radhamés Jiménez, a quien se considera cercano a los abogados del principal acusado.
Otra contradicción es que el presidente Fernández designara al principal abogado de Báez Figueroa, Vincho Castillo, como secretario de Estado sin cartera, asesor en materia de drogas, lo que no justifica el despacho que se le asignó en el Palacio Nacional, aunque su pequeño grupo político fuera aliado del partido de gobierno.
A esas afinidades se atribuye el hecho de que cuando el ministerio público presentaba sus conclusiones en el juicio, a último instante variara la petición de que se incluyera al Listín Diario entre los bienes cuya confiscación se solicitaba al igual que la autoridad monetaria y financiera.
La contradicción hay sido más relevante porque tanto el gobernador del Banco Central como el superintendente de Bancos actuales, Héctor Valdez Albizu y Rafael Camilo, han sostenido firmemente las acusaciones, lo que les ha valido feroces ataques de los mismos asociados políticos de su gobierno.
Extraña complacencia
Ha llamado la atención que los abogados de Báez Figueroa reaccionaran tras la sentencia como si hubiesen tenido ganancia de causa, cuando su cliente fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización de monto sin precedente en el país.
Su satisfacción, empero, está fundada en haber conseguido la exoneración de los cargos de abuso de confianza y lavado de activos, lo que de ser ratificado en la segunda instancia, abriría la puerta para una reducción de la prisión.
Aunque el monto de la indemnización es significativo, son muy pocos los abogados que creen que esa suma pueda volver alguna vez a las bóvedas del Banco Central, por las dificultades y vericuetos jurídicos que habría que vencer para lograrlo, excepto el monto de las empresas y bienes, devaluados, que los mismos acusados decidieron dejar en manos de las autoridades.
Desde que fue intervenido el Banínter, tras detectarse el hoyo financiero que tenía, en principio ascendente a más de 55 mil millones de pesos, Báez Figueroa trató de negociar una transacción. Ofrecía todas sus empresas menos la compañia aseguradora y el periódico Listín Diario, a cambio de que no se le persiguiera judicialmente, lo que fue rechazado por las autoridades monetarias y financieras de entonces.
Posteriormente, el año pasado, un abogado se presentó ante los representantes legales de las actuales autoridades monetarias y financieras con un poder de Báez Figueroa para negociar un acuerdo. Se mostraba disposición a aceptar hasta 5 años de cárcel, solo por violación a la ley sobre banca, a cambio de que se le retiraran los cargos de abuso de confianza y lavado de activos. También que se excluyera a Vivian Lubrano y Jesús Troncoso Ferrúa, sin interesarse por la suerte de Alvarez Renta. La propuesta fue rechazada, pero es significativa su semejanza con el dictamen del tribunal.
La mayor contradiccion
La mayor debilidad y contradicción de la sentencia es que aunque valida prácticamente todas las pruebas presentadas contra los principales acusados y testimonios claves como el del experto bancario Luis Aurich, así como opiniones del panel de expertos internacionales contratados por las autoridades monetarias, no establece los delitos de abuso de confianza y lavado de activos. El primero era fundamental para el segundo que conllevaba mayores penalidades y automática incautación de bienes.
El dictamen recoge las maniobras financieras que se hicieron para obtener empresas como el Listín Diario, o bienes como el Yate Patricia, con decenas de millones de dólares y cientos de millones de pesos extraidos del Baninter, y para ocultar o borrar sus huellas, pero no las considera abuso de confianza ni lavado de activos.
El licenciado Francisco Álvarez Valdez, uno de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, apeló a la Enciclopedia Jurídica Dalloz, Repertorio de Derecho Penal, y de Procedimiento Penal, rubrica de Abuso de Confianza, citando « Cual que sea la fuente y la naturaleza del mandato, el mandatario que distrae las cosas que les son entregadas en razón de su calidad, comete abuso de confianza. Como mandatarios deben ser necesariamente incluidos aquellos que, estatutariamente o no, sean encargados de administrar los negocios sociales y especialmente el presidente y los administradores de las sociedades anónimas »
En sus páginas 177y 178, la sentencia sostiene que «El imputado Ramón Báez Figueroa tuvo una participación principal, activa y efectiva en la materialización del ilícito cometido; principal al tratarse del Presidente del Banco Intercontinental; activa, en tanto las violaciones a la supra indicada ley constituían el quehacer cotidiano de la institución bancaria que presidia; y efectiva, en tanto logró los objetivos de obtención de recursos a través de sus actos ilícitos».-
