Lo he oído muchas veces, la judicatura dominicana está en su peor momento. Los jueces dictan sentencias espurias, carentes de toda moralidad, ecuanimidad e imparcialidad, conceptos que deben primar en el fuero interior de los magistrados destinados a impartir justicia en nuestros tribunales. Los fiscales y fiscalizadores, representantes de la sociedad, son también alcanzados por esa gran mancha que obnubila y degrada la justicia impartida en su conjunto.

El introito anterior es con motivo de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Sarah Veras, Ingrid Fernández y Yissel Soto, las cuales basaron su sentencia en subterfugios legalistas y no en dos hechos criminales comprobados. Primero, el haber asaltado parte de los descargados a la señora Josefina Bougart Román despojándola de su cartera, la cual al dar la voz de alarma y los delincuentes emprender la fuga, encontraron en el trayecto a la ingeniera Francina Hungría. A ésta, el cabecilla José Manuel Vidal Félix (a) Memín conminó para que le entregara su vehículo y al ella negarse, le hizo un disparo a la cabeza, con tan mala fortuna que ha perdido totalmente la visión.

Este hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2012, en el Ensanche Piantini. Posteriormente, la joven y agraciada ingeniera Hungría de apenas 28 años, fue trasladada a Miami con la esperanza de que las avanzadas técnicas de los famosos oftalmólogos que en esa ciudad practican, le pudieran salvar la vista dando un resultando negativo.

Lo deleznable de la sentencia de marras, es que el nombrado Memín Vidal Félix se encontraba acompañado de José Manuel Arias Mejía (a) Bacán, quien admitió haber participado en el atraco, conjuntamente con José Miguel Mora Acosta (a) El Gordo; Melvin Pérez (a) Bululo, y Celso González Montero (a) Nariz, quienes fueron descargados por dos de las jueces que componían el tribunal, para mayor ignominia todas del sexo femenino, desprotegiendo a su congénere al entender dichas magistradas que el Ministerio Público no presentó los elementos de pruebas suficientes que comprometieran la responsabilidad penal de los acusados. Sería interesante saber si actuarían de igual modo, si el atentado se hubiese cometido contra ellas o un familiar cercano.

No conozco a la ingeniera Francina Hungría, tampoco a sus familiares, pero debo unirme solidariamente a su desgracia y a la impotencia y frustración que les debe haber causado, que malandrines confesos, por “falta de pruebas” no obstante la confesión de uno de ellos, hayan sido descargados a pesar de que la Fiscal en representación de la sociedad, pidió 30 años de prisión para Memín, el autor del disparo y 20 años para los otros cuatro, culpables por ser cómplices del atraco a mano armada y de la lesión permanente a la víctima.

Sobrada razón tiene el Procurador General de la República y varios juristas que se han manifestado por la revisión del Código Procesal Penal (CPP), verdadero encubridor y sostenedor de que acciones como la anterior se vean apoyadas por jueces venales que cuando les interesa, invocan principios jurisprudenciales, pero cuando no, se amparan de la imperfección y la ambigua redacción del CCP. Si este Código no es modificado por nuestros legisladores, la protesta del Dr. Domínguez Brito será profética al declarar “que la misma lacera y hace perder la fe de la población en el sistema de justicia” agregando además: “con este fallo se envía un mensaje negativo a toda la sociedad y se fortalece la impunidad”.

Este tipo de aplicación mediática de la justicia debe golpear directamente al doctor Ramón Antonio (Negro) Veras, quien ha visto cómo por la utilización mañosa y acomodaticia de este Código, les ha permitido a los causantes del atentado criminal contra su hijo Jordi, permanecer más de dos años sin que todavía se haya podido conocer el fondo y que los culpables paguen por el daño irreparable que causaron.

Otro problema mayor lo constituye el designar jueces sustitutos quienes de manera consciente descargan a connotados reos confesos, sobre todo en materia de drogas, para también descargarlos por insuficiencia de pruebas. Es hora de que todos los ciudadanos conscientes de nuestro país se manifiesten y exijan a nuestros legisladores un Código Procesal Penal más enérgico contra la delincuencia, de lo contrario, estamos muy cerca como ya ha sucedido, de que la ciudadanía cansada ya de tanta inercia y exención, realice linchamientos al reivindicar y poner en vigencia la antigua Ley del Talión.