La Suprema Corte de Justicia ha emitido una sentencia que despeja toda duda en cuanto a los requisitos que debe llenar un inmigrante para obtener la nacionalidad dominicana.

Se trata de una sentencia muy puntual, dictada en momentos en que ocupaba la atención el debate sobre la vigencia del «jus sanguini» o el «jus soli» basado, fundamentalmente, en los inmigrantes haitianos.

Nuestro Tribunal Supremo acaba de tomar una decisión responsable, a tono con las necesidades de establecer una clara definición de soberanía en materia migratoria.

Desde todo punto de vista, la concesión de la nacionalidad a partir del territorio entraña, en nuestro caso, un serio problema de identidad, por la imposibilidad de establecer en la frontera controles efectivos para impedir la inmigración furtiva.

Con esta sentencia queda desmontado uno de los argumentos empleados contra el país ante organismos internacionales para demandar que se reconozca la nacionalidad dominicana a extranjeros no descendientes de dominicanos, sino que nacieron en el territorio nacional en condición de inmigrantes, sean legales o ilegales.

En varias oportunidades se ha sancionado al país para complacer una pretendida solidaridad de ciertos grupos que viven y han vivido de la tragedia del pueblo haitiano.

-II-

A partir de esta sentencia, queda claro que el nacimiento de extranjeros en nuestro territorio, no hijos de dominicanos, no es condición válida e idónea para reclamar la nacionalidad de este país y se establecen los pasos a dar para fines de obtención de las actas de nacimientos registrados en las circunstancias señaladas.

Esto, sin duda, permitirá orientar por mejor camino todo el andamiaje legal necesario para fortalecer nuestras leyes en materia de inmigración, de modo que la estada de los extranjeros esté sujeta a condiciones más claras y definidas.

Los pasos aconsejables para el porvenir inmediato deben estar dirigidos a poner en blanco y negro el estatus de los extranjeros que permanecen en el país de manera ilegal.

Es obvio que se debe considerar con especial atención el caso de parejas que llegaron al país ilegalmente y llevan mucho tiempo establecidas, han procreado descendientes y observado una conducta inobjetable.

Es hora de continuar haciendo definiciones claras en estos aspectos de la soberanía nacional, actuando con apego a la Justicia y a los derechos humanos. La idea de una amnistía para inmigrantes con largo tiempo en el país y en los términos que ha sido planteada por el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, debe ser ponderada con todo cuidado, sin merma para nuestra soberanía.

La Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión trascendental que todos debemos respaldar.