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La inseguridad ciudadana tiene un componente altamente preocupante. La demanda de los ciudadanos de acción efectiva contra el crimen, está recibiendo de las autoridades la peor de las respuestas. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirma que muchos casos de sicariato están sin resolver porque la Policía carece de un cuerpo investigativo especializado que le permita profundizar indagaciones hasta dar con los autores de crímenes muy sonados.
Específicamente, el jefe del Ministerio Público cita entre los casos impunes los asesinatos del teniente coronel del Ejército Domingo Antonio Pérez Paulino, abatido el 3 de febrero de 14 balazos en el sector de Juan Lopito, de Moca, y del teniente de la Policía Fernando Almonte Torres, baleado en la misma jurisdicción. El procurador sostiene que el sicariato ha continuado actuando impunemente en esa provincia y otras zonas del Cibao.
La sociedad lo que menos necesita es una declaración de impotencia. Por esa razón se mantiene atenta, en espera de que el Presidente Danilo Medina detalle las líneas generales del plan de seguridad ciudadana que ha elaborado su Gobierno para hacerle frente a la criminalidad y a la violencia. Los ciudadanos de este país quieren sentir que se trabaja para ponerle freno a uno de los problemas sociales más mortificantes.
La inflexibilidad de la Barrick
Barrick Pueblo Viejo parece aferrada a su argumento de que no está sobre la mesa la posibilidad de una renegociación del contrato que tiene suscrito con el Estado dominicano. Esa ha sido la posición inflexible de la empresa desde que el Presidente Danilo Medina la emplazara en su discurso del 27 de febrero pasado. El Gobierno dominicano aspira a obtener por el oro mayores beneficios que los que estipula el contrato actual.
Las comisiones del Congreso que han revisado el asunto propugnan porque el Gobierno aplique impuestos a la exportación del oro si la Barrick persiste en su posición. Sin embargo, lo sensato sería que la firma minera asuma una posición de reciprocidad con el Gobierno dominicano, que a petición de la empresa minera accedió a una revisión de los términos del contrato. Barrick debe recordar que el oro es de los dominicanos y está en suelo dominicano.
