Es una preocupación  sobre comportamientos policiales  que viene de viejo y  que se ha acentuado en los últimos años. Años en los que el país ha logrado avances institucionales y de respeto a los derechos humanos y en  administración de justicia.

Sin embargo, las  muertes a manos de agentes policiales  en el marco de lo que la propia fuerza del orden suele describir como intercambios de disparos  arroja    sombras sobre el país con una  opinión pública que recibe la mayoría de esas versiones como contrarias a  la realidad de lo ocurrido. Esto así porque con frecuencia las  notas oficiales sobre los  hechos  en cuestión no  se compadecen con la lógica o son desmentidas por testigos oculares; o por informes forenses. Autopsias que indicaron que la mayoría de las víctimas de  tiroteos  en un lapso contabilizado  murieron por disparos a corta distancia y  a las espaldas.

Este es un país marcado por entidades locales y externas que  denuncian     frecuentes ejecuciones  extrajudiciales; y de año en año permanecen  elevados los saldos de sucesos a los que se coloca el dudoso  sello. Para amplios sectores se trata en verdad de una forma  sumaria  de quitar la vida, lo   que además constituye un fracaso como supuesto control de la delincuencia. A más supuestos delincuentes abatidos, más delincuentes  comprobados que azotan al país. La pasividad del Ministerio Público, que poco investiga tales homicidios, incentiva tan  trágicos comportamientos.

Que paguen más dondequiera

Una diferencia notable entre Barack Obama y Mitt Romney se expresa en la convicción del aspirante demócrata que ganó la reelección de que la gente de más ingresos en Estados Unidos es la que debe pagar más impuestos en la presente coyuntura económica, difícil para  EUA como para casi todo el resto del mundo. Los votantes refrendaron la posición de Obama que ahora, de todos modos, encontrará el viento en contra de los republicanos que conservan  mayoría en la Cámara de Representes. Está obligado a negociar y lo hará. En cambio, en este país  habrá una carga impositiva más severa tras la promulgación del paquete aprobado por el Congreso, pero tratándose  de un aumento sin equidad de tributos muy orientados al consumo que  el Gobierno se negó a negociar,  aunque estaba obligado a concertar como ordena la Constitución. Tampoco cumplió con el  deber justiciero  de gravar más las altas rentas y patrimonios.