La doctora Carmen Mancebo, jueza de la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, afirma que es alta la proporción de jóvenes de entre 13 y 15 años de edad que reinciden en delitos por los que han sido condenados en el Distrito Nacional. De otras fuentes se sabe que desde la puesta en vigencia del Código del Menor hasta nuestros días, ha crecido la participación de menores en actos delictivos.

Estamos obligados a buscar las causas de tal conducta. Más allá de las debilidades atribuidas al Código del Menor, debe haber causas sociales y económicas que inducen esta tendencia. La magistrada Mancebo se opone a un endurecimiento de las sanciones que dispone el código para los menores autores de delitos, a pesar de que se sospecha que la debilidad que se atribuye a las mismas incentiva la conducta delictiva y la aprovechan adultos que los reclutan.

Causas como el debilitamiento de la cohesión familiar, el microtráfico de drogas, consumo de narcóticos y alcohol influyen en la conducta de muchos jóvenes. Es probable que la sociedad, y particularmente el Estado, no esté dedicando la suficiente atención a la calidad de vida y formación en valores de los menores de edad. Sea como fuere, revertir esa alta participación y reincidencia de menores en actos delictivos supone una tarea para adultos sobrios.

Conveniencias e inconveniencias

El trabajo legislativo debe tener siempre propósitos encaminados a apuntalar la institucionalidad. Cada aprobación o rechazo en las cámaras legislativas debe estar concebido en función del interés nacional. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la práctica ocurre con mucha frecuencia que los partidos, de los que provienen los legisladores, suplantan la función legislativa como si los diputados y senadores fuesen representantes de las organizaciones y no de las comunidades, como debe ser.

Los debates para la reforma constitucional han conducido a acuerdos entre partidos que han marcado la dirección a seguir en la Asamblea Revisora. El ejercicio legislativo ha sido víctima de una especie de usurpación a través de acuerdos de coyuntura, de repartición de conveniencias y en todo momento con miras clientelistas. ¿Sería posible que los legisladores, además de inmunidad parlamentaria, pudieran ejercer su función bajo inmunidad partidaria?