Año tras año, al inicio del período escolar, el tema de debate obligado es el de las altas tarifas de los colegios privados y el cambio, caprichoso según se alega, de los libros de texto que deben adquirir los estudiantes.

Ante los reclamos de los padres, para que la Secretaría de Educación intervenga en la cuestión para regular las tarifas de los colegios, se argumenta siempre que esta cartera carecería de facultades para intervenir en los asuntos de los colegios porque, se alega, se trata de negocios o empresas privadas.

En defensa de los cambios en los textos, los colegios argumentan, con razón en algunos casos, que la literatura didáctica está en constante revisión y actualización, lo que obliga a imprimir reediciones. Los cambios, alegan, están asociados a los programas curriculares destinados a la enseñanza. 

-II-

Lo que no se entiende es cómo existiendo una ley que faculta al Consejo Nacional de Educación a establecer escalas de tarifas para los colegios en función de determinadas características, no haya habido la suficiente voluntad para enfrentar la conducta de estos establecimientos.

La ley 86-06, del año 2000, consigna esas facultades que no han sido usadas por el Consejo Nacional de Educación, y que pone como requisito que antes de crear un régimen de tarifas, se debe hacer una «categorización» de los colegios en función de varios parámetros de calidad en materia de preparación del personal docente, estructura administrativa y programas de enseñanza.

La premisa de que los colegios no pueden  ser intervenidos porque son empresas privadas riñe con un principio básico que regula la explotación comercial de servicios públicos o estratégicos que son responsabilidad del Estado. 

-III-

En estos días hemos escuchado el debate sobre esta materia y las argumentaciones de la titular actual de Educación y otras profesionales que ocuparon esa misma posición en el pasado. Se han repartido culpas por no haber actuado en su momento contra abusos de los colegios.

Se ha planteado que los padres de estudiantes constituyan asociaciones que soliciten la revisión de las tarifas de los colegios y otras conductas de estos establecimientos.

Sin embargo, la ley 86-00 no dispone en ninguna de sus partes la constitución de asociaciones para denunciar actos de los colegios y ni siquiera establece que deba haber denuncia o querella previa para que el Consejo Nacional de Educación tome las medidas que considere pertinentes.

A lo sumo, esa ley condiciona el establecimiento de tarifas al requisito previo de la «categorización» de los establecimientos privados dedicados a la enseñanza.

A pesar de que la categorización de los colegios dispuesta por la ley fue terminada en abril del 2004, hasta ahora lo que hemos visto es una evasión de la responsabilidad de regular las tarifas de los colegios privados. ¿Por qué no ha habido voluntad para tocar esa tecla?