Esta es una transición muy especial pues el Presidente electo y el próximo equipo gobernante además de recabar todas las informaciones para disponer de una idea acabada del estado del gobierno, establecer discusiones previas con el FMI con miras a renegociar una nueva carta de intención a partir de agosto, deberán llegar a palacio con un proyecto acabado de reforma impositiva.

Esta transición acontece en un país afectado por una grave crisis económica, sujeto a un acuerdo stand by con el Fondo Monetario, con una serie de medidas pendientes de implementar para garantizar la sostenibilidad del acuerdo, la confianza de los mercados financieros, los agentes económicos y por vía de consecuencia avanzar en la tarea de restablecer de manera definitiva el equilibrio macroeconómico.

En el supuesto de que las autoridades hubiesen cumplido con todas las metas cuantitativas y las indicativas del acuerdo en la revisión de finales de marzo, que no fue el caso, estaban sujetas a otra revisión a finales de junio de esas variables, pero a lo largo de ese trimestre y también parte de la transición, las autoridades deben avanzar en la elaboración de reglamentos y leyes especialmente en la esfera del sector financiero.

Entre ellos se destacan los reglamentos para la operación de las instituciones financieras de propiedad pública, implementación de la liquidación de instituciones financieras y tratamiento de riesgo de mercado, todos para finales de abril, entretanto para finales de julio del 2004 los reglamentos para la supervisión consolidada, buena gestión en instituciones financieras y los planes de fortalecimiento para las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y el sometimiento al Congreso del proyecto de reforma tributaria.

La reforma tributaria constituye la base fundamental para permitir al gobierno compensar las pérdidas por las reducciones arancelarias, la sustitución de ciertos impuestos que expiran en julio y diciembre y a generar los ingresos para satisfacer un nivel adecuado de gasto social, mantener los subsidios a la electricidad y el gas propano, cumplir con los compromisos externos y asumir por la vía fiscal el pago de los intereses de los certificados del Banco Central, la única opción, hasta tanto se liquiden activos, para que el globo de los certificados no siga inflándose y cesen las emisiones monetarias inorgánicas resultantes del pago de los intereses por parte del Banco Central.

Uno de los compromisos con el FMI estipulaba que el gobierno dispondría de un borrador de la reforma tributaria en marzo y someterlo al Congreso a más tardar a finales de julio, sin embargo a pesar de que el gobierno ha invertido varios millones de pesos en pagos a los asesores económicos para la elaboración de la propuesta, el Presidente Mejía declaró en entrevista concedida a los telematutinos «El día» y «Uno + Uno», que no lo presentaría y dejaba a la responsabilidad del Presidente electo buscar el consenso con el empresariado.

Esa decisión coloca al equipo del doctor Leonel Fernández en el imperativo de dedicar grandes esfuerzos en la transición dirigidas a establecer acuerdos con la Sociedad Civil para arribar al 16 de agosto con un proyecto de reforma impositiva que pueda ser sometido en lo inmediato a las cámaras legislativas.

Especialmente porque ciertos impuestos aprobados en enero de este año, como el 5% a las exportaciones expira en el mes de julio y el 2% de recargo a las importaciones el 31 de diciembre, por lo cual ya en agosto la administración Fernández contará con menos recursos y un presupuesto ejecutado en ciertas partidas por encima de lo estipulado en la ley para los tres primeros trimestres.

Esta es una transición muy especial pues el Presidente electo y el futuro equipo gobernante además de recabar todas las informaciones para disponer de una idea acabada del estado del gobierno, establecer discusiones previas con el FMI con miras a renegociar una nueva carta de intención a partir de agosto, deberán llegar a palacio con un proyecto acabado de reforma impositiva.

Las nuevas autoridades iniciarán una gestión heredando muchas dificultades, con ingresos fiscales mermados y la gobernabilidad en los primeros meses dependerá de ese proyecto y de su aprobación inmediata en el Congreso. El consenso con la Sociedad Civil y luego con las fuerzas políticas para aprobar la pieza será la primera prueba de fuego del doctor Leonel Fernández.