BBC Mundo 
El carro en el que iban quedó a un lado de la carretera, con los agujeros de más de 20 balazos.
A finales de marzo pasado, la policía dominicana mató en circunstancias nada claras a una pareja de pastores evangélicos que regresaban a Santo Domingo después de un culto.
Según versiones publicadas en medios locales, los agentes «confundieron» el vehículo en el que viajaban los jóvenes Joel Díaz y Elizabeth Muñoz -quienes se habían casado en febrero- y les dispararon.
La balacera provocó un amplio rechazo en la sociedad dominicana, al punto que el propio presidente Luis Abinader condenó los hechos -que calificó de homicidio- y anunció la creación de una comisión especial para reformar la Policía Nacional.
«Esta triste noticia me confirma aún más mi compromiso irrenunciable a una reforma policial, que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos», dijo en una conferencia de prensa desde el palacio de gobierno.
De acuerdo con Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH), se trata de un paso sin precedentes que refleja que la muerte de los jóvenes fue «la gota que desbordó el vaso».
Para Mercedes, quien forma parte de la comisión que estudiará la reforma, la violencia policial es «un problema viejo».
«Pero la ejecución de estos pastores ha hecho que muchas personas toquen fondo ante la crisis», agrega.
«Desafortunadamente, vivimos en un país donde al interior de la policía se ha creado una cultura de matar y asesinar que es incompatible con el estado democrático y social de derecho», agrega en conversación telefónica.
BBC Mundo contactó con el Ministerio del Interior y Policía de Dominicana para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.
Sin embargo, tras la conmoción por la muerte de los religiosos, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, condenó el «exceso policial» y aseguró que los responsables serían separados de sus cargos e investigados.
«Estamos disponiendo una profunda investigación del confuso incidente», escribió en Twitter.
Poco después, el Ministerio Público anunció que pediría un año de prisión preventiva para los seis policías implicados.
Un problema mayor
En criterio de Mercedes, la muerte de los pastores evangélicos «no se trató de un hecho aislado» y es evidencia de «un problema grave, mayor».
Y es que en las últimas décadas, la policía de República Dominicana ha sido señalada frecuentemente por medios locales y organismos de derechos humanos de estar detrás de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia injustificada y maltratos.
Informes de la CNDH indican que en los últimos 11 años al menos 4.000 personas han muerto a manos de agentes del orden.
La CNDH ha recogido reportes también de numeras desapariciones forzadas, actos que podrían considerarse tortura, extorsiones y abusos «significativos y contrarios al derecho a la vida» cometidos por de agentes del orden.
Varios reportes de Amnistía Internacional desde el país caribeño también dan cuenta de lo que consideran como «casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de la policía«, cuyos agentes «podrían estar recurriendo al homicidio de jóvenes como elemento disuasorio».
Un informe de 2019 indica que la violencia se ha extendido incluso hasta trabajadoras sexuales, que han sido «víctimas habituales», según Amnistía, de violación sexual y otras formas de tortura por parte de la policía.
La muerte de la pareja tuvo lugar el mismo día en que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Dominicana, en los que señala también a las fuerzas de seguridad de estar detrás de «asesinatos y torturas».
En su cuenta de Twitter, dos días después de la muerte de los pastores, la policía aseguró que daba instrucciones a sus agentes sobre los protocolos para realizar su servicio y respetar los derechos de la ciudadanía.
Las causas
Mercedes señala que una de las causas detrás de la actual situación es que la policía es una de las instituciones más antiguas del país (fue creada en 1936), pero «no se ha modernizado y reformado» a la par de la sociedad dominicana.
«Hasta esta fecha no ha habido voluntad política de realizar cambios. Hace poco se hizo una reforma, pero que quedó en el papel porque no hubo una voluntad política que hiciera posible poner en práctica los reglamentos aprobados», dice.
Como sucede en otros países de América Latina, Mercedes opina que la policía dominicana no es ajena a los problemas de corrupción, salarios deficientes entre los cargos más bajos y un mecanismo poco efectivo para investigar los potenciales abusos.
Estudios de la CNDH y de otros organismos de derechos humanos han cuestionado con anterioridad lo que consideran como un «exceso de oficialidad de alto rango» entre las filas de las autoridades, lo que en su criterio, crea un mecanismo de «desigualdad y corrupción«.
«Se han hecho estudios que indican que la institución policial en República Dominicana puede dirigirse con unos 10 generales. Tiene 50. Los estudios dicen que la policía dominicana no necesita más de 50 coroneles. Tiene más de 300. Y así en cada uno de los rangos», afirma Mercedes.
«Entonces cuando se sacan cálculos, cerca del 6% de su estructura es de oficiales de rango (en el mundo es entre 2-3%, como promedio) con el agravante que esa oficialidad es la que disfruta de los buenos salarios, de los privilegios, mientras los cargos más bajos tienen también los peores salarios y condiciones», agrega.
Esta semana, el gobierno dominicano dispuso el retiro de 350 oficiales superiores y subalternos de la policía, según informaron medios locales.
La CNDH considera que también existe un problema de reclutamiento, capacitación y profesionalización de los agentes del orden.
«Hay un paquete grande de ellos que están cumpliendo funciones que no son para las que están preparados», dice.
Las soluciones
Tras la muerte de la pareja, el Ministerio del Interior y Policía escribió en Twitter que la comisión creada serviría para «realizar una verdadera y efectiva depuración de la institución para separar el personal que no cumpla con el perfil ético, moral y la adecuada formación».
Grupos de policías en el pasado han denunciado lo que consideran bajos salarios, carencias materiales y condiciones de trabajo que no toman en cuenta los riesgos de su servicio.
Desde el anuncio de la creación de la comisión (que contará con un mínimo de año para proponer las reformas que considere pertinente) varias voces, desde organismos de derechos humanos hasta el propio gobierno, han expresado temor de que la policía no esté dispuesta a acatar las recomendaciones.
«Hay gente ahí mismo, dentro de la policía, que no quieren un cambio, pero nosotros sí vamos a hacer el cambio», afirmó el presidente Abinader el domingo.
Mercedes coincide en que puede existir oposición entre oficiales a aceptar las recomendaciones o ponerlas en práctica, pero cree que la comisión será al menos un primer para hacer frente al problema de la violencia policial.
«No creo que es la salida al final del túnel, pero al menos da un poco de luz al túnel y crea una puerta para un ante o un después, para dar la oportunidad a la sociedad dominicana de proponer los grandes cambios que necesita esta institución», dice.
