Una verdadera justicia administrativa

Una verdadera justicia administrativa

EDUARDO JORGE PRATS
En estos días he recordado mucho a mi profesora de Derecho Administrativo, la doctora Rosina de la Cruz de Alvarado, quien en aquellas tardes de hace ya dos décadas trataba de introducirnos al mundo de la ciencia administrativa francesa, al universo de Hauriou, Jeze, Duguit, Rivero y los grandes iusadministrativistas galos.

Recuerdo en particular una afirmación suya que todavía me cautiva y que esta gran jurista nuestra  pronunció en una de esas cátedras magistrales que la hicieron famosa entre sus alumnos del recinto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros: «el Derecho Administrativo trata de la sumisión de la Administración a las leyes y al Derecho».

Pienso mucho en ello porque cada día que pasa, viendo tantos atropellos que comete la Administración Pública y sus funcionarios, observando cómo se violan derechos fundamentales, cómo se le pasa un rodillo a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, y cómo los funcionarios tratan de torcer el brazo de la justicia que intenta controlar sus actuaciones, me doy cuenta que la tarea más importante en estos momentos, para que pueda haber verdadero Estado de Derecho en nuestro país, es la de someter el Estado, en particular la Administración, al ordenamiento jurídico.

Sin esa sumisión de la función administrativa al ordenamiento jurídico no es posible reformar al Estado, racionalizar el gasto público, combatir el clientelismo político y la corrupción pública, lograr la seguridad jurídica que requieren los inversionistas nacionales y extranjeros y enfrentar adecuadamente los retos que implica la inserción en mercados crecientemente globalizados.

El Poder Judicial viene siendo reformado en los últimos diez años para hacerlo un poder más garantista, eficiente y responsivo frente a la ciudadanía. El Poder Legislativo es controlado mediante la acción directa en inconstitucionalidad que permite combatir las arbitrariedades e injusticias de los legisladores. El único poder que no está sujeto a control en la República Dominicana es el Poder Ejecutivo, verdadero amo y señor de los poderes públicos dominicanos.

¿Cómo lograr domesticar ese gran Leviatán que es nuestra Administración Pública? Pienso que hay que concentrar los esfuerzos en dos áreas fundamentales. En primer lugar, se requiere una Ley de Procedimiento Administrativo que encuadre jurídicamente las potestades de la Administración. La Administración Pública dominicana no sabe distinguir entre un contrato administrativo y un contrato privado, no conoce el procedimiento a seguir para establecer funciones, no aplica las reglas de delegación, piensa que una disposición particular puede derogar una general, y afirma que al Estado le está permitido todo lo que no le está prohibido cuando en realidad sólo le está permitido lo que la ley expresamente establece.

En segundo lugar, los jueces tienen que ejercer a plenitud y de manera pronta y oportuna el control jurisdiccional sobre los actos de la Administración. Y es que una justicia que rehuya fallar los casos de amparo por temor a molestar al Poder Ejecutivo y sus funcionarios no sirve para controlar el poder. Una justicia lenta, que se agarra de cualquier ritualismo formal para favorecer al Estado y denegar justicia al ciudadano, una justicia con las orejas paradas y atentas a las señales del poder, compuesta por jueces más pendientes de su promoción que del fondo del caso del cual está apoderado, una justicia dependiente de las órdenes de jueces superiores, sirve para frenar los abusos del Estado. No es que los ciudadanos usen el amparo para cualquier quítame una paja, es que los jueces cada día son más reacios a cumplir con su misión: el desamparo del amparo. En palabras de Eduardo García de Enterría, debemos librar una verdadera «batalla por las medidas cautelares» para terminar de una vez por todas con «las inmunidades del poder».

Para ello, para someter a Derecho al Leviatán estatal, se requiere una reforma moral, una reforma política, una reforma cultural y una reforma legal. Pero sobre todo se requieren funcionarios que cumplan las leyes, que sirvan a los ciudadanos y no se sirvan de sus cargos; ciudadanos que no teman exigir sus derechos; y jueces con el coraje suficiente para tutelarlos aunque sean amenazados por el poder de aquellos que sólo creen en el Derecho de la boca para afuera.

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