Una vez más gran parte de los legisladores de los tres partidos que han dominado el escenario político nacional tras la tiranía de Trujillo pretenden que pueden auto prolongarse el período para el cual fueron electos, con el pretexto de unificar en el mismo año las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, lo que equivale a una usurpación de la voluntad popular, casi imposible de materializar en estos tiempos.

 Si bien la tentación es recurrente y ahora se reproduce en una etapa de estancamientos y hasta retrocesos en el largo proceso de construcción de la democracia dominicana, una vez más, como en 1998 y en el 2002, eso no pasará. Tropezará con la vergüenza que todavía queda en una parte importante de la sociedad dominicana.

 En lo inmediato el intento, denunciado por legisladores y dirigentes políticos, evidencia que para la trapisonda y la burla de los procedimientos democráticos el tiempo parece petrificado en esta nación, pues la última vez que se produjo la prolongación de un mandato al margen de la voluntad popular fue en 1927, cuando el Congreso legisló para extender a seis años el período presidencial de Horacio Vásquez.

 Aquella insensatez política dividió hasta el propio gobierno, ya que el vicepresidente Federico Velázquez se negó a seguir en el cargo más allá del 16 de agosto de 1928 cuando vencía su período de cuatro años. El incipiente proceso democrático, cuando la República trataba de erguirse tras 8 años de ocupación norteamericana, quedaría profundamente lesionado, creando el caldo de cultivo para el golpe de 1930 que daría paso a la larga y oprobiosa tiranía de Trujillo. Los protagonistas de aquella farsa quedaron sepultados políticamente y han pasado a la historia con desprecio.  Resulta casi increíble que más de 82 años después de aquella insensata y costosa maniobra haya tantos políticos, ahora de por lo menos tres partidos, dispuestos a reeditarla en plena sociedad de la información, donde un golpe de estado no pasa desapercibido y es objeto de condena general y aislamiento internacional.

 Es cierto que la sociedad dominicana ha perdido la capacidad de asombro ante tanta descomposición y desaguisados como los que nos han afectado. Pero los que pretenden auto elegirse en el Congreso están extremando la subestimación y provocando la sensibilidad general. De materializarse la prolongación el régimen democrático quedaría profundamente herido y se estimularía un movimiento reivindicativo del decoro y la vergüenza nacional.

 Lo primero es que sobrarían entidades y personas en disposición de reclamar a la Suprema Corte de Justicia para que diga en qué artículo de la Constitución se fundamenta el que los legisladores puedan sustituir a los electores y auto prolongarse en sus funciones. Y en caso de un nuevo subterfugio como el de la Sun Land, sería llevado ante el sistema interamericano, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre del 2001 en el marco de la Organización de Estados Americanos.

 Desde luego es casi seguro que los promotores de ese golpe a la institucionalidad democrática desconocen los alcances de la Carta Democrática y el compromiso del Estado Dominicano con la misma. Algunos creerán que sólo condena la deposición de los gobiernos, mediante el clásico golpe de estado, lo que por cierto no se ha producido después de que entrara en vigencia ese mecanismo.  La Carta Democrática Interamericana crea un mecanismo automático a partir de la denuncia de “cualquier persona o grupo de personas” que considere vulnerados sus derechos por situaciones “que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”. Considera la ruptura del orden democrático un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en los organismos de la OEA.

Es verdad que el sistema político dominicano está corrompido y cada vez más de espaldas al proceso de fortalecimiento e institucionalidad democrática que se vive en la generalidad de los países latinoamericanos. Pero debe prevalecer todavía suficiente inteligencia política para ahorrarle a la nación la condena internacional que generaría la usurpación de la voluntad popular. Si ese intento se materializara podría ser la gota que derrame la paciencia nacional y se inicien acontecimientos que sacudirían el sistema de partidos.

No, eso no ocurrirá, una vez más no pasará.