Hoy 
MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
He leído el artículo de José Báez Guerrero titulado: «Horrores inefables del caso Llenas Aybar». Como lo inefable es lo que no puede expresarse con palabras, que es precisamente el don que distingue al ser humano de la bestia; el intento de reducir la pena a su más vesánico ejecutor, convirtiendo ese acto horrendo en una simple operación de aritmética, revela hasta qué límites de degradación moral ha llegado la sociedad y la familia dominicanas. Muy potente habrá de ser la voz que clame por una regeneración de este Sahara moral dominicano.
Al paso en que marchan los acontecimientos, vamos a necesitar un inédito Bautista que vista la túnica del guerrero y esgrima inclementemente la espada justiciera a fin de contener la anárquica voluntad de justicia expresada por la acción directa del enfurecido ciudadano. Cuando la turba enardecida y solidaria decide poner la justicia en sus propias manos, la coerción y la convivencia social encara su mayor momento de peligro porque la debilidad y disfunción del Estado conducen en forma acelerada a todas sus instituciones a la anarquía y el caos. Ya uno de nuestros diarios matutinos nos ha traído la declaración del Procurador General de la República afirmando que no acatará la sentencia de ningún juez que conceda al convicto Redondo Llenas la reducción de su condena.
Mientras la falacia oficial pregona la disminución de la criminalidad y califica como «exagerada» su percepción por el público, el periódico Hoy reporta con nombres, pelos y señales la cancelación y «sometimiento a la justicia» de un mayor, un capitán, y dos rasos de la Policía Nacional «tras determinar que se constituyeron en asociación de malhechores vinculados al robo de camiones cargados de mercancías diversas». Es el Estado gravemente cuestionado, denunciado e ilegitimado desde el Estado mismo, precisamente por miembros de la institución encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos y el inexcusable mantenimiento del orden público.
La prensa del sábado 23 de junio nos trae la trágica información del vil asesinato de un hijo de Aliro Paulino. El móvil fue despojar a uno de sus acompañantes al salir de un restaurante, de adornos de fantasía que los asesinos imaginaron ser joyas valiosas. Pero lo más nefando de este crimen es que mientras la víctima se desangraba, la petición de auxilio de sus desesperados familiares fue evadida (según reporta la prensa) por dos vehículos policiales que transitaban por el lugar. Nos estamos convirtiendo en un país de perversos delincuentes. De canallas protegidos y de «autoridades,» cuando no cómplices, encanalladas por hacerse de la vista gorda.
La criminalidad creciente, la lenidad de la justicia y la generalizada indiferencia de la ciudadanía nos está arrastrando al crítico punto de la ruptura social en el cual el Estado como cabeza del ordenamiento político, pase de fallido a inexistente. Del gobierno de las leyes, al de la anarquía de la acción directa, de la pena carcelaria, a la furia del linchamiento.
La ausencia de vigilancia policial confiable, ante una ola abrumadora de creciente criminalidad barrial, está produciendo el surgimiento de comités de defensa privados en las barriadas más azotadas por los antisociales organizados. El aumento de tales órganos de defensa, dará la medida de cuestionamiento ciudadano al Estado y la velocidad de aproximación a un estado de anarquía generalizado. Llegado a este punto, la propaganda y la historia oficial se estrellan inútilmente contra la dura realidad.
En nuestro reloj de arena político, cada granito de arena que cae movido por la fuerza de la corrupción política y la indiferencia ciudadana interesada o indolente, mueve centrífugamente a nuestro país hacia el caos y la anarquía. Confío y sostengo la esperanza de que el desorden sea sólo el auspicioso dolor del alumbramiento de la Quinta República.
