POR PEDRO GERMOSEN
Unas 160 mil personas quedarán fuera del Seguro Familiar de Salud (SFS) y no 600 mil, como habían publicado las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), precisó ayer el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque.

Los excluidos son trabajadores agrícolas que no tienen cédula de identidad personal y, de un núcleo más pequeño, los hijos sin actas de nacimiento de trabajadores de empresas privadas.

Los servicios de salud del régimen contributivo abarcarán a más de un millón 600 mil personas, dijo tanto Alburquerque como Persia Álvarez, Superintendente de Pensiones, que acompañó, entre otros, al vicepresidente.

El funcionario recordó que las ARS afilian al trabajador y no a los hijos, para lo cual aquéllos tendrían que pagar sus descendientes aparte.

Señaló que en la Ley de Seguridad Social, número 87-01, se establece que el trabajador debe tener una identificación o acta de nacimiento.

Alburquerque informó que esta situación será superada mediante una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establecerá que si esas personas tienen hoy cobertura de salud, esos servicios se les sigan ofreciendo y se les dé un plazo para que adquieran sus documentos de identidad.

Al comparecer al almuerzo de las empresas de comunicación del Grupo Corripio, Alburquerque aseguró que ya todo está listo para el inicio el primero de septiembre del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo.

Recordó que la resolución 126, del 2 de agosto, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ordena a las ARS informar por escrito, a través de los empleadores o en forma directa, en un plazo de 15 días, cuál es la situación de todos los afiliados titulares y sus dependendientes respecto a las prestadoras de servicios de salud.

Así, explicó, cada empresa entregará a sus trabajadores los libritos con la documentación.

Viviendas

Por otro lado, Alburquerque precisó que parte del monto acumulado de las pensiones sería facilitado a las empresas constructoras para financiar viviendas económicas.

Informó que el gobierno aportaría incluso los terrenos para levantar las soluciones habitacionales, pese a que enfatizó que los recursos serán prestados llenando todos los requisitos de ley.

Dijo que los financiamientos a los trabajadores de bajos ingresos serían concertados a 25 y 30 años de plazo.

Expresó que de esa manera se procura reducir r los pagos de amortizaciones e intereses de los préstamos hipotecarios.