POR PEDRO GERMOSEN
Unas 160 mil personas quedarán fuera del Seguro Familiar de Salud (SFS) y no  600 mil, como habían publicado las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), precisó ayer el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque.

 Los  excluidos son trabajadores agrícolas que no tienen cédula de identidad personal y, de un núcleo más pequeño, los hijos sin actas de nacimiento de trabajadores de empresas privadas.

  Los servicios de salud del régimen contributivo abarcarán a más de un millón 600 mil personas, dijo tanto  Alburquerque como Persia Álvarez,  Superintendente de Pensiones, que acompañó, entre otros, al vicepresidente.

    El funcionario recordó que las ARS afilian al trabajador y no a los hijos, para lo cual aquéllos tendrían que pagar sus descendientes  aparte.

Señaló que  en la Ley de Seguridad Social, número  87-01, se establece que el trabajador debe tener una identificación o acta de nacimiento.

 Alburquerque informó que esta situación será superada mediante una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establecerá que  si esas personas tienen hoy cobertura de salud, esos servicios se les  sigan ofreciendo y se les dé un plazo para que adquieran sus documentos de identidad.

Al comparecer al almuerzo  de las empresas de comunicación del Grupo Corripio,  Alburquerque aseguró que ya todo está listo para el inicio   el primero de septiembre  del Seguro Familiar de Salud  del régimen  contributivo.

Recordó que la resolución 126, del 2 de agosto, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ordena a las ARS  informar  por escrito, a través de los empleadores o en forma directa, en un plazo de 15 días, cuál es la situación de todos los afiliados titulares y sus dependendientes respecto a las prestadoras de servicios de salud.

  Así, explicó, cada empresa entregará a sus trabajadores  los “libritos” con la documentación.

 Viviendas

Por otro  lado, Alburquerque precisó que parte del monto acumulado de las pensiones sería facilitado a las empresas constructoras para  financiar viviendas económicas.

Informó que  el gobierno aportaría incluso los terrenos para  levantar las soluciones habitacionales, pese a que enfatizó que los recursos serán prestados llenando todos los requisitos de ley.

Dijo que los financiamientos a los    trabajadores de bajos ingresos serían concertados a 25 y 30  años de plazo.

  Expresó que de esa manera se procura reducir r los pagos de  amortizaciones e intereses de los préstamos hipotecarios.