Sao Paulo. Unas 2.000 personas protestaron hoy en la principal avenida de Sao Paulo contra el Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y contra la corrupción que dicen que sacude al país y que convirtió a la petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, en blanco de numerosas investigaciones.

La manifestación en la mayor ciudad brasileña fue convocada por las organizaciones «Vem Pra Rua» (Ven a la calle) y «Brasil Livre» (Brasil Libre), las mismas que han promovido actos similares desde que Rousseff venció en octubre pasado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por un estrecho margen y tras una muy reñida campaña, al líder opositor Aécio Neves.

La marcha por la Avenida Paulista, principal arteria de Sao Paulo y centro financiero de la ciudad, reunió el mismo número de manifestantes que los actos anteriores pese a que en esta oportunidad fue apoyado desde las redes sociales por líderes opositores, incluyendo el propio Neves.

Pese a que los dirigentes opositores convocaron el viernes a sus seguidores a engrosar la marcha ni los propios líderes políticos aparecieron en la protesta, con la que los manifestantes pretenden demostrar la supuesta creciente insatisfacción con una presidenta que iniciará en enero su segundo mandato tras una campaña que dividió al país y de la que salió fortalecida la oposición.

Según la Policía Militarizada del estado de Sao Paulo, cerca de 800 personas se concentraron inicialmente frente al Museo de Arte de Sao Paulo (Masp) pero el grupo se dividió desde un comienzo entre uno mayoritario que dijo protestar únicamente contra la corrupción y otro de cerca de 100 personas que defendió un golpe militar y que cargaba carteles exigiendo la salida de Rousseff de la Presidencia.

Los dos grupos marcharon en rumbos diferentes, el primero de ellos hacia la céntrica Plaza Roosevelt y que fue ganando adhesión progresivamente hasta sumar cerca de 2.000 personas.

Uno de los líderes de «Vem pra rua», Rogerio Chequer, aclaró que el acto se limitó a una protesta contra la corrupción y la falta de ética de los políticos y desautorizó cualquier manifestación de defensa de una intervención militar.

«Somos contra las acciones del Gobierno de Rousseff, que están manchadas por la corrupción, el clientelismo y la interferencia entre los poderes. Defendemos una investigación exhaustiva de todas las irregularidades, castigo a los culpables y que el Gobierno sea más eficaz con los gastos públicos», aseguró Chequer.

El empresario Ronaldo Luis Ferreira, uno de los líderes del movimiento que defiende una intervención militar, dijo por su parte que el golpe es la única forma de «sacar a todos los políticos bandidos antes de convocar a nuevas elecciones».

Los dos grupos protestaron especialmente contra la red de corrupción que, según la Policía, se enquistó en la petrolera estatal Petrobras y está desviando los recursos de la mayor empresa del país.

La investigación del escándalo de Petrobras ha permitido el arresto de dos exdirectivos de la empresa y de ejecutivos de varias constructoras acusadas de haber montado una red de corrupción para desviar recursos de la estatal para la financiación de partidos políticos aliados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Según las investigaciones, la red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras.

Parte de las investigaciones se basan en declaraciones del exdirector de Abastecimiento de la empresa Paulo Roberto Costa, arrestado al comienzo de la operación y quien ha aceptado colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena.

Según las declaraciones de Costa, el 3 % de todos los contratos del área de Abastecimiento se dedicaba a financiar a partidos políticos oficialistas.

Tanto Costa como el juez que comanda la investigación admiten que los desvíos pueden extenderse a decenas de obras públicas de otras estatales.