México,  (EFE).- Unas cien cárceles de las 429 que hay en México, principalmente las estatales y municipales, son controladas por internos debido a la corrupción y el relajamiento de las autoridades penales, dijo hoy a Efe una fuente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Daniel Romero, tercer visitador de la CNDH encargado del seguimiento de los penales en México, dijo que este sistema de «autogobierno» ha sido uno de los factores de la violencia que existe en las cárceles, con sangrientos motines y reyertas, como la del lunes en Mazatlán, que se saldó con 29 muertos.

En 2009 hubo cinco motines, el más violento en Tijuana, con 19 muertos, y varios enfrentamientos entre internos, de los que destacó uno en un penal de Ciudad Juárez, con 20 fallecidos.

Este mes se han registrado sangrientas riñas, como la de Mazatlán y en una prisión de Aguarato (seis muertos), ambas localidades en Sinaloa (noroeste), cuna de los principales capos del narcotráfico.

En algunas de estas reyertas los involucrados han usado armas de fuego que, según Romero, se deben a la corrupción que hay en algunos centros penitenciarios y a los «autogobiernos».

Los presos «ponen sus condiciones y no la autoridad», agregó Romero al explicar que en parte eso sucede por la corrupción o el desistimiento del ejercicio de la autoridad en esos centros.

Significa que los internos determinan quiénes manejan el penal y controlan, mediante el cobro a otros internos, las visitas conyugales, la operación de tiendas, los servicios de limpieza y el pase de lista, apuntó.

«El autogobierno se da mayoritariamente en penales estatales y municipales o centros de detención, afortunadamente en los sistemas federales han sido menos», afirmó al agregar que estudios de la Comisión determinan que del 20% al 25% de los penales en el país son controlados por los internos.

Una de las hipótesis sobre los «autogobiernos» señala como factores, además, la falta de personal y una insuficiencia grave en las instalaciones, dijo Romero.

En México hay, entre federales, estatales y municipales, 429 centros de reclusión, con un total de 227.000 internos.

Entre los federales están los de máxima seguridad, calificativo que quedó en entredicho en 2001 cuando se fugó de uno de ellos Joaquín «El Chapo» Guzmán, el líder del cártel de las drogas de Sinaloa, considerado en 2009 por la revista Times como una de las cien personalidades más influyentes del planeta, y por Forbes uno de los hombres más ricos, con una fortuna de 1.000 millones de dólares.

De acuerdo con un diagnostico de la CNDH hay «un gran problema penitenciario nacional, desde el centro municipal hasta el federal» y «el mayor problema» está en el desequilibrio entre el presupuesto destinado al sistema penitenciario y el estado de las instalaciones.

Esto ha provocado que en los penales haya sobrepoblación de reos (un 25% en general) y hacinamiento, dijo al apuntar que falta capacitar a los custodios y separar a los reos acusados de delitos comunes de los que cometieron delitos federales, así como a los procesados de los sentenciados.

La mayoría de los penales no acata la obligación de tener separados a este tipo de reos, lo que provoca, según dijo Romero, una contaminación y conductas antisociales, o formación de grupos o autogobierno.

El diagnostico nacional penitenciario, que se comenzó a difundir a partir de abril de este año, «demuestra situaciones sumamente conflictivas, todos son factores que prenden las luces rojas», agregó.

Indicó que no se puede creer que con el internamiento de delincuentes se va a acabar con los delitos, cuando se está dejando de lado el tema de reincorporación social.

«Los hechos nos están diciendo todos los días que mientras no tomemos la atención debida, la reacción, la rebeldía y la violación de los derechos humanos nos van a estar provocando este tipo de asuntos» en las cárceles, indicó.

Romero propone que el Gobierno haga todo lo necesario para construir nuevos penales y que los gobiernos estatales no evadan su responsabilidad de atender los sistemas penitenciarios, «máxime que han estado recibiendo recursos federales para su acondicionamiento».

Finalmente comentó que en la CNDH procesa una recomendación general del sistema nacional penitenciario «con observaciones muy directas» y que estará lista en julio próximo. EFE