Veinticinco países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, acaban de asumir en Colombia el  compromiso de combatir de manera unificada y frontal uno de los flagelos sociales más destructivos. De manera común, mediante la Declaración de Cartagena, estos países acogen un plan regional que incluye apoyo diverso, intercambio de información y experiencias y amplia cooperación mutua para desestimular el consumo de drogas y atacar el mercado de oferta. La valentía de esta decisión radica en que le pondrá especial interés al consumo, sin el cual no se sustenta ningún mercado, y esto, de alguna manera, colocará a estos países de frente contra la hipocresía en la lucha antinarcótica de países como Estados Unidos.

Esta Declaración de Cartagena debería servir para forzar un cambio en la actitud que tiene Estados Unidos ante los demás países, a los que “certifica” o “descertifica” según cooperen o no en el combate de las drogas. Esa actitud tiene un sello de insinceridad  que se percibe porque la gran nación ni hace nada por desestimular la demanda en su propio territorio, ni suministra a nuestros países tanto apoyo como grandes son sus exigencias de cooperación. Nuestros países, en base a esta declaración, deberán hacerse fuertes y solidarios para contrarrestar la ofensiva del narcotráfico, que corroe las bases institucionales y desgasta la cohesión familiar.

Una falla que merece castigo

Este país debe congratularse de que el desconocido que entró el miércoles hasta una zona altamente restringida del Aeropuerto Las Américas solo estaba animado del propósito -que logró- de arrebatarle el pasaporte a su esposa, que viajaría a los Estados Unidos, y escapar como si tal cosa. Eriza los pelos tan solo pensar en la posibilidad de que la  meta de esa exitosa incursión, que burló toda la seguridad, hubiese sido una de esas que han provocado tantas medidas de seguridad portuaria y aeroportuaria en todo el mundo.

Lo crucial ahora no es cuántos de la seguridad aeroportuaria están bajo arresto, en investigación. Se trata de que hay un hecho consumado que no puede repetirse, so pena de que perdamos la calificación de país seguro que nos hemos ganado con tanto esfuerzo. Las autoridades están en el deber de dar una explicación convincente sobre este suceso y  garantizar que los responsables sean debidamente castigados.