ROSARIO ESPINAL
Los conflictos electorales de las últimas décadas y las expectativas de cambio democrático motivaron diversas reformas electorales a partir de la crisis política de 1994. Se ha gestado en torno a estas reformas un populismo electoral que asume que celebrar más elecciones y focalizar las campañas en los candidatos es beneficioso para la democracia dominicana.

Desafortunadas suposiciones porque no se ha tomado en cuenta que cada dispositivo electoral presenta ventajas y desventajas para la democracia, y que sus méritos y perjuicios deben analizarse en función de la participación política, la representación y la gobernabilidad.

La participación se refiere a la incorporación de la ciudadanía a la política.  La representación a la capacidad de los pocos elegidos para gobernar a los muchos electores.  La gobernabilidad a la legitimidad de la gestión pública.

Las disposiciones electorales no siempre benefician simultáneamente estas tres dimensiones de la democracia.  Unas fomentan la participación pero debilitan la gobernabilidad, otras favorecen la gobernabilidad y restringen la participación o la representación.

La separación de las elecciones presidenciales de las congresionales-municipales aprobada en 1994 presenta más desventajas que ventajas para el sistema político dominicano.  Veamos.

El principal beneficio que se le atribuye a la separación de las elecciones es que reduce el arrastre de las candidaturas congresionales y municipales.  El arrastre se produce cuando la preferencia por el candidato presidencial favorece a los candidatos del mismo partido a otras posiciones electas.

Este argumento es correcto, pero hay varios problemas que merecen atención.

Primero, se carga el calendario electoral. En República Dominicana se pasó de celebrar una elección cada cuatro años a celebrar dos, e incluso tres si hay doble vuelta en las presidenciales.

Segundo, hay mayores gastos en campañas y en la organización de las elecciones. El derroche de recursos que percibe la población y la confrontación política que se incrementa en las campañas electorales puede agudizar el desencanto político de la ciudadanía.

Tercero, se produce mayor abstencionismo porque en los sistemas presidenciales el electorado le asigna menos importancia a las elecciones congresionales y municipales de medio término que a las presidenciales.

Esto quedó claramente evidenciado en las elecciones de 1998 y el 2002, cuando la abstención electoral fue de 47 y 49% respectivamente, comparado con una abstención de sólo 21% y 23% en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1996, 24% en las presidenciales del 2000 y 27% en las presidenciales del 2004.

Por reducir el arrastre se registra entonces mayor abstención en las elecciones congresionales-municipales, y en consecuencia, menor participación de la ciudadanía y menor representatividad de los funcionarios electos.

Este efecto negativo en la representación hace que el abstencionismo sea más dañino que el arrastre para la democracia.  El problema del arrastre en elecciones conjuntas puede moderarse utilizando boletas separadas para que los electores que lo deseen puedan votar por candidatos de partidos diferentes para las distintas instancias del gobierno.

Cuarto, la separación de las elecciones se estableció en la República Dominicana con un cambio total de ambas cámaras legislativas a medio término del período presidencial.  Esto crea mayor incertidumbre en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo porque un presidente tiene que gobernar con dos congresos diferentes en cuatro años.

Quinto, las elecciones congresionales-municipales tienden a convertirse en una especie de plebiscito aprobatorio o desaprobatorio del ejecutivo a sólo dos años de gestión gubernamental.  Si al partido que controla el ejecutivo le va mal en las elecciones de medio término queda muy debilitado para cumplir con efectividad el resto de su mandato.

Pero existe también el riesgo de que el partido que controla el ejecutivo utilice ampliamente el clientelismo para asegurar una mayoría en la representación congresional y municipal.

Sexto, el electoralismo constante no ayuda a enfocar las energías de los políticos en la gestión gubernativa.  Se  concentran más en la actividad electoral de corto plazo porque tratan de maximizar sus posibilidades de triunfo, aunque no necesariamente de la manera más democrática e institucional.

Séptimo, la separación de elecciones fomenta la multiplicación de jurisdicciones electorales por la efervescencia electoral que se produce en el ámbito local.  Esto es innecesario en un país de pequeña extensión geográfica que no es una república federal y donde los poderes públicos se caracterizan más por la corrupción e ineficiencia que por su capacidad de gestión.

Por todas estas razones es recomendable unificar las elecciones presidenciales, congresionales y muncipales.

En mayo del 2006 debería elegirse autoridades congresionales y municipales por dos años para que las elecciones dominicanas queden unificadas a partir del 2008.

Esto requiere una modificación constitucional parcial, enfocada exclusivamente en este punto, con la condición de que los legisladores actuales no pretendan extender su período.

La urgencia de realizar esta reforma antes de mayo del 2006 radica en que la unificación sea efectiva a partir del 2008.