WASHINGTON (AFP).- Las sanciones comerciales récord por 4.000 millones de dólares que impondrá la Unión Europea (UE) a Estados Unidos a partir del lunes por su sistema de subsidios a la exportación no acelerarán el trámite parlamentario para enmendar la norma, ya que, según los expertos, el tema es muy complejo.

No se trata solamente de eliminar una ley denunciada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que permite a los grandes exportadores estadounidenses ahorrar millones de dólares en impuestos. También es necesario reemplazarla por un nuevo texto para evitar que la pérdida de ganancias resultante provoque graves desequilibrios económicos.

«Aunque fue redactada por necesidades de política comercial (…), no deja de ser una ley fiscal, y las leyes fiscales son muy complejas, particularmente cuando son sometidas a presiones externas», dijo a la AFP John Howard, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

«Y el hecho de que estemos en año electoral vuelve las cosas aun más difíciles», agregó.

Dos textos distintos, elaborados a lo largo de años de trabajo, se hallan actualmente sobre los escritorios de los legisladores encargados de conciliarlos para lograr un proyecto capaz de obtener la aprobación de ambas cámaras antes de ser promulgado por el presidente George W. Bush.

Recién entonces la UE levantará sus sanciones, autorizadas en 2002 por el organismo de arbitraje de la OMC.

Se estima que las ventajas con que cuentan los exportadores fiscales estadounidenses, que han instalado sus actividades de venta en paraísos fiscales en el extranjero, han causado perjuicios por 4.000 millones de dólares a los productores europeos.

Uno de los textos, el de la Cámara de Representantes, llamado «Ley de creación de empleos estadounidenses» -en momentos en que el empleo es un tema crucial en la campaña electoral estadounidenses- ha obtenido el apoyo de los industriales.

Este proyecto suprime las disposiciones condenadas por la OMC, pero dispone nuevas compensaciones para los productores estadounidenses y las multinacionales -que hasta ahora recibieron más del 90% de los beneficios de la ley cuestionada-, asegurándoles exenciones fiscales de casi 140.000 millones de dólares en la próxima década, con un costo neto para el gobierno de 60.000 millones.

Por su parte, el texto del Senado propone limitar el alcance de los beneficios fiscales sólo a las empresas estadounidenses, lo que no sólo tendrá un costo menor para el erario público, sino que también conservará los puestos de trabajo en Estados Unidos, asegura el presidente republicano de la comisión de Finanzas, Charles Grassley.

La administración Bush enfrenta desde el año pasado enormes déficits fiscales, y se prevé que el de este año llegará a 521.000 millones de dólares.

Un grupo de demócratas influyentes de la Cámara de Representantes advirtió en una carta a Bush, difundida el jueves por el diario The New York Times, que si el Congreso no toma rápidamente una decisión, «no habrá más que perdedores, los trabajadores estadounidenses por un lado y las empresas por otro».