Las diversas asociaciones empresariales del país deberían unificarse para salirle al paso a una práctica usual entre firmas nacionales y extranjeras, así como instituciones y organismos oficiales, que está conduciendo al colapso financiero al Sistema Dominicano de Seguridad Social en perjuicio de  cientos de miles de trabajadores afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Se trata de la no transferencia de las cotizaciones de esos trabajadores por medio de una práctica fraudulenta con graves implicaciones.

Con esta práctica, no solo se afecta la base financiera de la seguridad social, sino que también se atenta contra los derechos laborales de los trabajadores al falsear su estatus en las empresas, haciendo aparecer a muchos como cesanteados cuando en realidad han estado laborando de manera ininterrumpida. Hay por lo menos tres mil  razones sociales  nacionales y extranjeras, así como ayuntamientos e instituciones del Estado que  incurren en  fraude.

Las asociaciones empresariales, que se caracterizan por la responsabilidad de sus actuaciones, deberían iniciar una campaña para detectar a quienes se dedican a esta práctica y ayudar así a evitar un colapso de la seguridad social que sería altamente perjudicial para todos, incluidos los inversionistas. Hay que asumir la  responsabilidad social de detener esta modalidad de fraude.

Irrespeto a la Constitución

El artículo 94 de la Constitución confiere a las cámaras legislativas y a las comisiones  permanentes y especiales que éstas constituyan, la potestad de convocar a  ministros, viceministros, directores y demás funcionarios públicos, así como  a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. Y advierte sobre las sanciones previstas para los casos de  renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas.

Lo referimos para refrescar la memoria de aquellos  funcionarios públicos que hacen caso omiso a las invitaciones de las comisiones de trabajo del Congreso, y que en el mejor de los casos  solo envían representantes que no siempre están documentados para rendir las informaciones requeridas por las cámaras o sus comisiones. Hay que hacer valer el artículo 94 de la Constitución.