Universidad de Geortown advierte DR-CAFTA podría aumentar precios de los medicamentos en RD

<P>Universidad de Geortown advierte DR-CAFTA podría aumentar precios de los medicamentos en RD</P>

La industria farmaceútica local dio a  conocer hoy un informe realizado en la Universidad de Georgetown de Washington, Estados Unidos, el cual advierte que las disposiciones en materia de propiedad intelectual establecidas en el acuerdo DR-CAFTA podrían provocar incrementos en los precios  de los medicamentos en la República Dominicana.

En el informe, divulgado por la Asociación Dominicana de Industrias Farmacéuticas (Infadomi), se estima que  el DR-CAFTA provocará un aumento de los medicamentos de al menos entre 9% y 15% en el país. En ese sentido alerta el informe  que “la promoción de las medidas de propiedad intelectual impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos podrá afectar peligrosamente la capacidad del Estado dominicano para enfrentar los problemas de acceso a medicamentos y de salud pública”.

El informe se hace eco de la preocupación de que la asistencia técnica de los Estados Unidos a la República Dominicana en materia de Propiedad Intelectual no ofrezca información adecuada sobre las salvaguardas de salud pública que pueden ser implementadas.  Los redactores del informe temen que “sin información sobre las salvaguardas de salud pública, el DR-CAFTA podría ser implementado de una forma que es potencialmente devastadora para los pacientes dominicanos”.

Plantea igualmente que el “se espera que el DR-CAFTA incremente el precio de los medicamentos en las próximas dos décadas, lo cual lesionará los esfuerzos del Gobierno Dominicano en proveer medicamentos esenciales y forzará a los ciudadanos dominicanos a adquirir medicamentos a precios inaccesibles” (página 22 del informe).   Indica igualmente que los “esfuerzos en materia de Propiedad Intelectual favorecen las multinacionales farmacéuticas a expensas de la salud pública y podría interferir con la capacidad de República Dominicana de proteger el derecho a la salud de sus ciudadanos”.

El estudio advierte que las disposiciones incluidas en el DR-CAFTA resultan más restrictivas que la actual política comercial del Gobierno de los Estados Unidos en la materia y que las mismas las leyes estadounidenses.  Cita el ejemplo de la vinculación entre patentes y registros sanitarios, al explicar que el DR-CAFTA crea en República Dominicana “un complejo sistema de vinculación de patentes que impondrá medidas administrativas y legales y otorga a los titulares de patentes más derechos que los que tienen según la ley de Estados Unidos”.

El informe analiza los cambios en la política comercial en Propiedad Intelectual de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en las negociaciones con Perú, al expresar que “el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos firmó con Perú ya refleja un cambio en la política estadounidense.  Es necesario adaptar las obligaciones asumidas por República Dominicana en el DR-CAFTA a esa nueva perspectiva norteamericana para evitar una crisis de salud pública y salvar vidas”.  El cambio en dicha política se debió al reconocimiento de parte del Gobierno de los Estados Unidos de que diversas medidas de Propiedad Intelectual lesionan la salud pública de los países en vías de desarrollo. 

El informe recomienda al Gobierno de los Estados Unidos adaptar la implementación del DR-CAFTA a los nuevos lineamientos de la Política Comercial Estadounidense en los siguientes puntos: 1) Que las extensiones de patentes farmacéuticas sean opcionales; 2) Llevar la protección de información no divulgada sobre seguridad y eficacia de los medicamentos a un “período razonable” de tiempo; y 3) Que el sistema de vinculación de patentes y registros sanitarios sea opcional. 

El mismo informe dice al Gobierno Dominicano la aplicación de las flexibilidades que otorgan los acuerdos internacionales en materia de medicamentos, clarificar y publicitar los procedimientos para obtener una licencia obligatoria y ofrecer entrenamiento en dichas flexibilidades. 

El estudio basó su informe en diversos documentos, leyes y en entrevistas a 52 individuos en República Dominicana, incluyendo pacientes, profesionales de la salud, funcionarios dominicanos y estadounidenses, miembros de organizaciones no gubernamentales, representantes de industrias farmacéuticas domésticas y multinacionales y abogados dominicanos. 

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