Jesús De la Rosa 
A lo largo de los últimos 50 años, la matrícula en la educación superior en la República Dominicana ha venido experimentando un crecimiento espectacular, pasando de menos de dos mil estudiantes, en 1960, a más de 440 mil educandos en el año 2010, colocándonos en el onceno lugar entre los países de la América española en cuanto al crecimiento de la matrícula de educación superior se refiere. Se prevé que antes de finalizar la segunda década del milenio actual sobrepasaremos los 600 mil estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. Lo mismo ocurre en relación con el número de instituciones. En 1960 sólo existía la Universidad de Santo Domingo. Entre los años 60 y 70 se fundaron tres universidades más: PUCMM, UNPHU y la UCE. Al final de la década de los años 80 del pasado siglo 20 comenzó a observarse un crecimiento progresivo del número de instituciones del género de manera tal que para el año 2011 ya disponíamos de 41 instituciones de educación superior: 31 universidades; 6 institutos especializados de estudios superiores; y cuatro institutos técnicos de Estudios Superiores. Todo ello se hizo a la sombra de la idea de democratizar el sistema anteriormente existente y de alcanzar una mayor armonía entre los estudios universitario y el mundo del trabajo. Cierto es que ese crecimiento extraordinario, tanto de la matrícula como en el número de instituciones de educación superior, ha beneficiado a miles de jóvenes que no habrían tenido oportunidades similares una generación antes; y que, hoy por hoy, los estudios superiores constituyen las herramientas más efectivas para el ascenso social. Pero, no todo ha sido color de rosa. Veamos. De acuerdo con el Artículo 63 de la Constitución de la República, “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. El modelo de demanda estudiantil que se desarrolló inspirado en el reconocimiento de ese derecho, provocó desequilibrios que impactaron negativamente en el sistema como el existente entre las llamadas carreras técnicas o de corta duración con las de largo aliento o tradicionales; en la distribución desigual del número de alumnos matriculados por regiones; y en la del número de estudiantes matriculados según las áreas del saber.
Unas declaraciones atribuidas al director del Instituto Dominicano de Cardiología, doctor Ernesto Díaz Álvarez, aparecidas en el periódico “Listín Diario” en su edición correspondiente al 17 de mayo en curso, dan cuenta que el 80% de los cardiólogos del país está concentrado en la Capital de la República y en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es que no podía ser de otra manera, tomando en cuenta que el más del 90% de los estudiantes de medicina y de otras ciencias de la salud está matriculado en universidades localizadas en esas dos principales ciudades del país. Esos desequilibrios han venido afectando la calidad de la educación superior, no sólo en universidades desbordadas por la masificación, también en otras en la que la concentración de estudiantes en un área concreta del saber ha superado la capacidad de enseñanza de que disponían. En todos esos casos el muy valorado principio de libertad de acceso y de elección ha entrado en contradicción directa con un objetivo igualmente valioso como el de mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior. ¿Cómo solucionar ese conflicto de valores sin acudir, como es el deseo de unos cuantos, al enojoso expediente de imponer y generalizar el llamado numerus clausus a estudios masificados como los de medicina, abogacía y otros? Volveremos sobre el tema.
